El Tribunal Supremo de Estados Unidos autorizó este martes 29 de septiembre a la Administración de Donald Trump a reanudar temporalmente las deportaciones de migrantes hacia terceros países, mientras los magistrados analizan la legalidad de esta política.
La decisión deja en suspenso, por ahora, los fallos de tribunales inferiores que habían restringido el programa y exigido al Gobierno ofrecer determinadas garantías a los migrantes antes de enviarlos a países distintos de aquellos de los que son ciudadanos.
El Supremo tiene previsto escuchar los argumentos del caso en diciembre, cuando deberá examinar el fondo de la disputa. La orden emitida este martes no constituye una decisión definitiva sobre la legalidad de la política.
Trump podrá reactivar las deportaciones
La Administración Trump había acudido al máximo tribunal después de que un juez federal y posteriormente un tribunal de apelaciones limitaran la aplicación del programa.
Las decisiones de los tribunales inferiores habían establecido que los migrantes debían recibir información sobre el país al que serían enviados y contar con una oportunidad para plantear posibles riesgos antes de su expulsión.
El Gobierno argumentó ante el Supremo que esas restricciones dificultaban la ejecución de las deportaciones y afectaban especialmente su capacidad para expulsar rápidamente a determinados migrantes.
Con la decisión de este martes, la Administración podrá continuar aplicando temporalmente la política mientras avanza el proceso judicial.
Más de 25.000 migrantes enviados a terceros países
La política permite trasladar a determinados migrantes a países distintos de su nación de origen.
Desde su implementación durante la Administración Trump, más de 25.000 personas han sido deportadas a 29 países, según datos citados por Reuters. México ha recibido la mayor cantidad, aunque también se han realizado expulsiones hacia países de África y otras regiones.
El Gobierno estadounidense defiende el mecanismo como una herramienta para acelerar las expulsiones y retirar del territorio a personas consideradas prioritarias por las autoridades migratorias.
En contraste, organizaciones de derechos de los migrantes y otros críticos sostienen que el procedimiento puede exponer a las personas deportadas a persecución, tortura u otros daños y cuestionan que puedan ser expulsadas sin una evaluación previa de esos riesgos.
Guinea Ecuatorial, entre los países señalados
Uno de los destinos que ha generado preocupación es Guinea Ecuatorial. Reuters informó que organizaciones y grupos de derechos humanos han expresado inquietudes sobre las condiciones que pueden enfrentar algunos migrantes trasladados a terceros países.
La controversia también llegó a Naciones Unidas. Más de una docena de expertos independientes de la ONU pidieron esta semana a Estados Unidos detener la política y advirtieron sobre posibles riesgos de abusos, tortura y persecución para algunas personas deportadas.
El Supremo decidirá el fondo del caso
La decisión anunciada este martes tiene carácter temporal. El máximo tribunal estadounidense escuchará los argumentos de las partes en diciembre y posteriormente deberá pronunciarse sobre la legalidad del programa.
El caso enfrenta dos posiciones: la Administración Trump sostiene que necesita margen para ejecutar las deportaciones con rapidez, mientras que los demandantes y organizaciones defensoras de los migrantes cuestionan la ausencia de garantías suficientes para quienes podrían enfrentar riesgos en los países de destino.
Por ahora, la orden del Supremo permite que las deportaciones a terceros países continúen mientras el tribunal prepara la revisión de fondo del programa.