El  estado Zulia es uno de los que tiene mayores niveles de incidencias extorsivas, donde en tan solo 20 días de gestión han tratado 30 casos de extorsión.

Ampliando el radio de acción y aplicando  nuevas estrategias y metodologías ayudarán en la desarticulación del crimen organizado, serán las ejerciendo a ejercer para brindarles mejoras a todas las comunidades, así lo informó el comisario general, Carlos García, jefe del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) en el Zulia,

En un encuentro con los medios de comunicación afirmó, que ejercerán nuevas metodologías para frenar la incidencia delictiva en la región.  Además, afirmó: “Contamos con el apoyo de nuestras máximas autoridades” y “vamos a enfrentar científicamente a las bandas. Estamos dedicados tiempo completo diseñando y organizando nuestra logística para lograr las metas”.

“El Zulia es un estado con muchas incidencias de actividad extorsiva, pero lo que más nos alarma es la agresividad de la organizaciones criminales con las personas. Es intolerable”, dijo. 

“Nosotros no lo vamos a permitir, a esos que se están atreviendo, les va a llegar la justicia”, añadió.

García  instó a la ciudadanía a utilizar la línea gratuita del Estado para el reporte anónimo sobre incidencias o irregularidades

“Es una herramienta destinada al ciudadano de bien, cumple el fin de prevenir y esa plataforma está vinculada al Ministerio de Interior y Justicia”.

Afirmó que la línea telefónica 0 800 ANTISECUESTRO (0 800 732 83 78) se encuentra disponible las 24 horas de días, durante todo el año.

“Tenemos un equipo multidisciplinario que aportarán medidas y soluciones al pueblo de manera efectiva y rápida”, agregó.

Medidas digitales para evitar la intimidación

El comisario aseveró que se encuentran estableciendo los enlaces pertinentes para gestionar el cierre o bloqueo de páginas que intimiden o extorsionen a la ciudadanía.

“Estamos haciendo todos los trámites para bloquear aquellas páginas que divulgan hechos que realmente son apología del delito, no  puede ser que   privados de libertad utilicen  las redes sociales para intimidar o enviar mensaje a las víctimas”.