Banco Venezuela de Cabimas y Ministerio Público eran los próximos objetivos de El Conas
Según reportó el Fiscal General en una publicación en Twitter, un detenido confesó que alias El Conas haría un atentado contra la sede del Ministerio Público.
Según se pudo ver en un video, un sujeto bajo la custodia de las autoridades confiesa que El Conas está esperando cobrar el pago de unas extorsiones para lanzar una granada a la sede del Ministerio Público y contra el Banco de Venezuela de Cabimas.
En la publicación no se especifica cual de las sedes bancarias del Banco Venezuela estaría en la mira del delincuente.
El sujeto era miembro de la banda criminal «El Conas».
“El presunto informante fue detenido, luego que una víctima (“Alfredo”) informó haber encontrado en la puerta de su casa volantes donde le exigían 5.000 dólares para financiar atentados contra el Ministerio Público, en el Zulia”; dice la publicación del Fiscal General.
Los detenidos fueron identificados como: Liz Rincón, Oriol López, Miguel Ángel Fernández y Kendri Villalobos, así lo informó a través de sus redes sociales en la que además publicó un video en el que uno de los detenidos revela detalles de la planificación de un atentado contra el Ministerio Público.
Además, agregó que dicha banda criminal está en proceso de total desarticulación en el Zulia y Carabobo; hasta el momento van 22 detenidos de la banda El Conas en las últimas semanas.
El Conas, cuyo nombre es Oscar Enrique Guzmán Chirinos, ex funcionario de la GNB, y expran del retén de Cabimas, es buscado por delitos de extorsión, pero una amenaza contra el Fiscal y funcionarios público, lo ha convertido en el objetivo número 1 en la actualidad.
Los detenidos en la última semana con sus acciones han declarado una guerra abierta entre el Grupo Estructurado de Delincuencia Organizada (GEDO) y los órganos de seguridad.
Oscar Guzmán Chirinos, mejor conocido como “El Conas”, quien fuese uno de los pranes del demolido retén de Cabimas, lanzó una amenaza contra los cuerpos de seguridad.
La razón es la detención de una docena de personas, ligadas familiarmente con el líder delictivo. Alega que son retaliaciones, que no se ha respetado el debido proceso ni sus derechos humanos.
