Hasta el 14 de julio de 2024, en el estado Zulia no se había habilitado ninguna mesa de votación para su población de privados de libertad, que sobrepasa los tres mil internos, así lo denuncia Una Ventana a la Libertad.
En esta entidad se cuenta con tres cárceles de adultos adscritas al Ministerio de Asuntos Penitenciarios, más de 50 centros de arrestos en calabozos policiales y un centro de detenciones preventivas.
“No hay centros penitenciarios como Centros de Votación en el Zulia”, informó Gustavo Ruiz, coordinador estatal de Vente Zulia, sin dar mayores motivos o explicaciones de por qué los presos, del estado con mayor número de electores inscritos, no podrán sufragar en las elecciones presidenciales del próximo 28 de julio de 2024.
Votar, según el artículo 63 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, es un derecho y un deber de los ciudadanos, libre, universal, directo y secreto. Este precepto constitucional no excluye a las personas privadas de libertad, por lo que es responsabilidad del Estado garantizar que no se viole.
“La privación de los derechos políticos de un condenado es una pena accesoria del delito, mientras dure la condena”, explica el abogado penalista Juan Carlos Lugo.
Es decir, aclara el jurista, que todos aquellos privados de libertad que no tienen una sentencia firme e irrevocable deberían, por respeto a sus derechos civiles, ejercer su derecho al sufragio en el centro de reclusión donde se encuentren o en su defecto ser trasladados al Centro de votación más cercano.
“No he sabido de mesas electorales en centros de reclusión en ninguno de los municipios del estado Zulia”, acota Lugo.
De acuerdo al penalista, “el Registro Electoral Permanente (REP) tendría que haber detectado a los privados de libertad (en proceso judicial) en cada centro de reclusión para poder haber planificado una mesa electoral allí”.
El abogado lamenta que a las sin número de violaciones a las que se ve sometido un detenido deba sumársele la violación de su derecho político.
“Los privados de libertad son privados de su principal derecho que es el estar en libertad (inocencia ficta) mientras están en juicio; mas, el proceso judicial no respeta ese derecho, menos le va a respetar o velar que pueda ejercer el derecho al voto como derecho político”, acotó Lugo.
Una Ventana a la Libertad intentó contactar al diputado de la Asamblea Nacional, Yonder Durán, quien es el designado por la comisión presidencial para agilizar los procesos penales de los privados de libertad y para velar que se cumplan y respeten todos los derechos de la población reclusa en Zulia, pero fue imposible.
Con información de Una Ventana a la Libertad
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