«No hay garantía de acceso a la educación pública en Venezuela en ninguno de sus niveles para el próximo período académico. Acabaron con la educación pública y hacen convocatorias a clases sin garantizar nada»

Aseveró el gremio educativo integrado por 45 mil profesores de 18 universidades nacionales.

La Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios de Venezuela (Fapuv) dió a conocer que no existe una garantía del regreso a clases ante el sueldo insuficiente que obtienen los educadores y las dificultades para impartir conocimientos presencial y virtualmente por la pandemia del coronavirus.

«El reinicio a clases académicas pasa por garantizar a los universitarios un ingreso suficiente, y un sistema de seguridad social” expresa el comunicado emitido por el gremio educativo. «El supuesto salario que se percibe en el mes no cubre ni siquiera la comida de un día, lo que constituye un atentado contra el derecho a la vida».

Además, menciona que la orden del presidente Nicolás Maduro y el ministro de Educación Universitaria, César Trompiz, sobre el reinicio de clases a distancia en septiembre y en octubre bajo la modalidad 7+7, no es lógica considerando que «el calendario académico lo define la universidad autónoma».

Ante estas situaciones, la Junta Directiva de la Fapuv decidió en sesión extraordinaria dar a conocer sus exigencias y condiciones para el regreso a clases de manera puntual y detallada a las autoridades y la comunidades universitarias y al país.

La definición de tablas salariales en dólares o al cambio en bolívares que superen el costo de la canasta básica alimentaria establecida por el Centro de Documentación y Análisis para los Trabajadores (Cenda) es una de las primeras exigencias que plantea la Fapuv.

En materia de salud, el comunicado establece que cada universidad debe cubir todos los costos del tratamiento, la atención hospitalaria y médica, de cualquier universitario que asista al campus por razones de trabajo y resulte positivo para COVID-19, así como retomar la cobertura en Hospitalizacion, Cirugía y Maternidad (HCM) acorde con la realidad y cumplir con el pago de los Institutos de Previsión para el Profesorado.

Por otra parte, la Junta Directiva de el gremio educativo también exige la dotación de equipos y servicios basados en la propuesta de la canasta básica del Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) para los docentes y un pago mensual por el cual estos puedan ser suscriptores de proovedores privados de internet, pues los servicios públicos como CANTV son inestables y no en todos los hogares funciona.

Asimismo, la Fapuv exalta la necesidad de que se garantice un servicio eléctrico continuo, pues existen zonas del país donde los racionamientos o apagones exceden las 12 horas e impiden cumplir con la programación de clases y ponen en riesgo los equipos.

«Solamente se iniciará la modalidad presencial en el caso de los cursos que no puedan ser impartidos a distancia, y luego del descenso sostenido y significativo, validado por expertos, de la curva de contagio de la COVID-19», aseveró en referencia al regreso a clases presenciales.

En caso de retomarse las clases, los profesores universitarios de Venezuela exigen cumplimiento estricto de las normas de bioseguridad, la dotación continúa de equipos protección personal, desinfección regular de los espacios universitarios, la reparación de los baños y la garantía de agua corriente.

Sobre las clases en sí, los estudiantes deben atender a clases en grupos pequeños de forma escalonada y en salones amplios y aireados para garantizar el distanciamiento social.

Los docentes deben ser suministrados regularmente con combustible o contar con transporte garantizado, se deben rehabilitar los comedores y mantener la infraestructura y seguridad de los campus.

Por último, la Fapuv insta a las universidades a recuperar su autonomía a través de estrategias que incluyan:

*La actualización de sus reglamentos
*La democratización de la vida universitaria
*La captación de donaciones
*La generación de ingresos propios
*El rescate inmediato de institutos y centros de investigación para la producción del conocimiento científico

«No podemos permitir, como sociedad, que se aparente la prestación de un servicio fundamental como lo es la educación, mientras a nuestra juventud se le niega en la práctica el acceso y se atenta contra el derecho a la vida de los docentes», expresa el comunicado.

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