El interés de empresas internacionales por los recursos naturales de Venezuela se extiende al sector carbonífero. Glencore Plc, Peabody Energy Corp. y Heeney Capital evalúan acuerdos para participar en la producción de carbón en el estado Zulia, de acuerdo con información reportada por Bloomberg y recogida este miércoles por Reuters.
Según personas familiarizadas con las conversaciones, Glencore y Peabody estarían trabajando conjuntamente en una posible propuesta relacionada con activos carboníferos ubicados en Zulia, principal zona productora de carbón de Venezuela.
En paralelo, Heeney Capital, firma de inversión con sede en Nueva York, estaría trabajando con la estadounidense Drummond Co. en una propuesta separada para posibles activos en la región. De acuerdo con las fuentes citadas por Bloomberg, representantes de Drummond viajaron a Zulia durante el mes pasado.
Las empresas involucradas no confirmaron públicamente los detalles de las conversaciones. Glencore, Peabody y Drummond declinaron hacer comentarios, mientras que Heeney Capital, el Ministerio de Información de Venezuela y Carbones del Zulia S.A. (Carbozulia) no respondieron de inmediato a las solicitudes de información, según Reuters.
El carbón venezolano vuelve al radar internacional
El interés se produce en un momento de apertura hacia nuevas inversiones en el sector minero venezolano. La Administración de Información Energética de Estados Unidos (EIA) señala que Venezuela posee una de las mayores reservas de carbón de Sudamérica y que los principales yacimientos se encuentran en el occidente del estado Zulia.
La industria, sin embargo, ha experimentado un fuerte retroceso durante las últimas décadas. La producción venezolana alcanzó casi 8,7 millones de toneladas cortas en 2000, pero posteriormente cayó de manera sostenida debido, entre otros factores, al deterioro de la infraestructura y la limitada inversión.
La EIA reportó para 2024 una producción venezolana de carbón de aproximadamente 0,008 cuatrillones de BTU, equivalente a un volumen muy reducido frente a los niveles históricos.
En Zulia, las actividades se concentran en la cuenca carbonífera del Guasare, donde se encuentran, entre otras operaciones, Paso Diablo y Mina Norte.
¿Qué cambió con las nuevas reglas de Estados Unidos?
Un elemento relevante para las negociaciones es el cambio regulatorio anunciado por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro estadounidense.
El 2 de septiembre de 2026, la licencia general GL 55A sustituyó a la GL 55 y amplió su alcance para incluir expresamente el carbón y a Carbozulia. La normativa permite negociar y suscribir determinados contratos contingentes relacionados con nuevas inversiones, exploración, desarrollo, extracción, procesamiento y producción de carbón y otros minerales.
No obstante, existe una condición importante: los contratos negociados bajo esta licencia deben establecer que su ejecución queda sujeta a una autorización posterior de OFAC. Por ello, las conversaciones o acuerdos preliminares no equivalen automáticamente al inicio de nuevas operaciones mineras.
El modelo que estudian las compañías
Las negociaciones reportadas no estarían enfocadas necesariamente en una adquisición directa de las minas. Según las fuentes citadas por Bloomberg, las conversaciones se concentran en derechos de operación y comercialización de la producción, un esquema que permitiría a las compañías participar en la recuperación de los activos sin que ello implique necesariamente la transferencia de su propiedad.
Para Venezuela, la eventual reactivación del carbón requeriría inversiones importantes en maquinaria, infraestructura minera, transporte y logística. Además, los proyectos tendrían que competir en el mercado internacional con productores establecidos de la región, particularmente Colombia.
El escenario también plantea interrogantes sobre la demanda y los mercados de destino para una eventual recuperación de la producción venezolana, especialmente en un contexto de transición energética y cambios en el consumo mundial de carbón.
Por ahora, las conversaciones permanecen en una etapa preliminar y no existe confirmación pública de que alguno de los acuerdos haya sido concretado. El eventual desarrollo de nuevos proyectos dependerá de la estructura final de los contratos, las autorizaciones regulatorias correspondientes y las condiciones de inversión y operación en Venezuela.
Manuel Arends