El exfiscal general de la República, Tarek William Saab, quedó en el centro de la polémica luego de que la cuenta oficial de Instagram del Ministerio Público cambiara de nombre y pasara a mostrarse como un perfil personal horas después de su renuncia al cargo.
La cuenta institucional, que acumulaba más de 356 mil seguidores y operaba bajo el usuario @MinisterioPublicoVE, fue modificada a “budistaestoico7”, identificándose ahora como un perfil personal vinculado al exfuncionario.
Cambio de usuario tras su salida del Ministerio Público
La modificación ocurrió poco después de que Saab presentara su renuncia como fiscal general este miércoles y fuera juramentado como Defensor del Pueblo encargado, en un movimiento institucional en el que Larry Devoe asumió la titularidad del Ministerio Público.
El cambio generó reacciones inmediatas en redes sociales, donde usuarios cuestionaron la legalidad y ética del procedimiento, considerando que la cuenta fue construida como un activo institucional con recursos del Estado para la difusión de comunicados oficiales, avances de investigaciones y posicionamientos del organismo.
Denuncias públicas y cuestionamientos
El periodista Luis Carlos denunció públicamente que Saab se habría apropiado de la cuenta institucional, renombrándola como “Budistaestoico7” y convirtiéndola en un perfil personal tras su salida de la Fiscalía.
La cuenta, que durante años funcionó como canal oficial del Ministerio Público para informar a la ciudadanía, dejó de mostrar contenido institucional y pasó a presentarse como espacio individual del exfiscal.
Este hecho ha provocado un amplio debate digital sobre:
- El uso de activos digitales del Estado.
- La propiedad de las cuentas institucionales en redes sociales.
- La responsabilidad administrativa de los funcionarios públicos.
- Los límites éticos en las transiciones de poder.
Activos digitales del Estado bajo la lupa
Especialistas en comunicación pública señalan que las cuentas verificadas de organismos oficiales forman parte del patrimonio comunicacional del Estado, independientemente del funcionario que ocupe temporalmente el cargo.
En este caso, la cuenta de Instagram del Ministerio Público no solo representaba la identidad institucional del organismo, sino que también concentraba una audiencia consolidada de más de 350 mil seguidores, obtenida durante años de gestión comunicacional.
La conversión de ese perfil en una cuenta personal podría implicar la apropiación de un activo digital financiado con recursos públicos, aunque hasta ahora no se ha emitido un pronunciamiento formal que aclare la situación.
Silencio oficial
Hasta el momento, ni el Ministerio Público ni la Defensoría del Pueblo han emitido un comunicado oficial explicando el cambio de usuario o informando si se habilitará una nueva cuenta institucional.
Tampoco se ha informado si la administración de la red social fue transferida formalmente o si existió algún procedimiento interno para el manejo del perfil tras la salida de Saab.
La situación ha intensificado el debate sobre la transparencia en el manejo de plataformas oficiales y sobre la conducta que se espera de los funcionarios encargados de velar por los derechos ciudadanos y el cumplimiento de la ley.
Debate político y digital
El caso se produce en medio de un reacomodo institucional que incluyó el intercambio de cargos entre Saab y Devoe, generando interpretaciones políticas sobre la decisión.
En redes sociales, usuarios han calificado el hecho como una “expropiación digital”, mientras que otros exigen una auditoría sobre el manejo de cuentas institucionales en Venezuela.
Por ahora, la controversia continúa creciendo sin que exista una aclaratoria oficial que despeje dudas sobre la titularidad y administración de la cuenta que durante años representó al Ministerio Público en Instagram.