La organización política Primero Justicia denunció este lunes el agravamiento de la crisis de servicios básicos en Venezuela y advirtió que el deterioro del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) y de la red de agua potable representa una “emergencia social y sanitaria” que vulnera los derechos humanos de millones de ciudadanos.

Durante una rueda de prensa en Caracas, el dirigente nacional de la tolda aurinegra, Jorge Millán, aseguró que el colapso de los servicios públicos es consecuencia de “27 años de desinversión, corrupción y desprofesionalización” en sectores estratégicos del país.

Occidente del país sufre apagones de más de 12 horas

Millán explicó que el esquema de racionamiento aplicado por Corpoelec afecta con mayor severidad a los estados Zulia, Táchira, Trujillo, Mérida, Barinas, Falcón y Lara, regiones que permanecen al final del sistema de transmisión eléctrica y padecen cortes diarios que superan las 12 horas.

Según indicó, la situación se mantiene pese a las recientes evaluaciones técnicas realizadas por las empresas General Electric y Siemens en las centrales hidroeléctricas del Bajo Caroní, entre ellas Guri, Caruachi y Macagua.

Los expertos consultados estiman que Venezuela necesita inversiones de entre 15.000 y 40.000 millones de dólares durante los próximos 15 años para estabilizar el SEN. Actualmente, de los 36.000 megavatios de capacidad instalada, menos de 13.000 MW estarían operativos debido al deterioro de las plantas termoeléctricas.

“Hace más de una semana venció el plazo de 45 días de la emergencia eléctrica y el problema, lejos de resolverse, se profundizó, originando protestas en distintos estados del país cansados de racionamientos absurdos que no tienen justificación”, expresó Millán.

El dirigente también rechazó las declaraciones de voceros oficialistas que atribuyen las fallas eléctricas al incremento del consumo residencial y a la reactivación industrial.

Crisis del agua golpea a Sucre y Nueva Esparta

En paralelo, Primero Justicia alertó sobre la emergencia hídrica que afecta al oriente venezolano tras la paralización del Sistema Turimiquire, infraestructura dañada luego del sismo registrado en febrero pasado.

De acuerdo con la organización, más de 200 mil familias de los estados Sucre y Nueva Esparta permanecen sin suministro regular de agua potable desde hace más de 70 días.

“En Cumaná, los ciudadanos están pagando hasta 10 dólares por un botellón de agua de cinco litros, mientras muchas familias recurren al río Manzanares para recolectar agua no apta para el consumo humano”, denunció Millán, quien calificó la situación como “desesperante”.

El dirigente opositor recordó que organismos internacionales como la Cruz Roja, la Unión Europea y la Organización de las Naciones Unidas han destinado fondos y ayuda de emergencia para atender la crisis. Sin embargo, exigió transparencia sobre el manejo de esos recursos y el avance de las obras en el túnel de trasvase del sistema hídrico.

“Quebraron el país”

Primero Justicia también rechazó la narrativa oficial que responsabiliza exclusivamente a las sanciones internacionales por el deterioro de los servicios públicos en Venezuela.

“Quienes quebraron al país fueron los mismos que hoy ostentan el poder. No solo son incapaces, sino también perversos porque utilizan mecanismos paliativos como herramientas de control social para mantener al ciudadano sumido en la urgencia permanente”, afirmó Millán.

Asimismo, la organización propuso incorporar al Colegio de Ingenieros de Venezuela en el diseño de soluciones para recuperar los servicios básicos, argumentando que el gremio posee capacidad técnica y legal para asesorar proyectos de infraestructura y obras públicas.

PJ insiste en una transición democrática para recuperar los servicios

Finalmente, Jorge Millán reiteró que la recuperación de los servicios públicos en Venezuela dependerá de un proceso de reinstitucionalización democrática y de la recuperación de la industria petrolera nacional.

“El país necesita una industria petrolera saneada que genere recursos para los venezolanos y no para alimentar redes de corrupción. Nos encontrarán en primera línea apoyando el interés nacional y la transición democrática para reconstruir un país de oportunidades para todos”, concluyó.

por primeraedicioncol

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