Un total de 51 efectivos militares recluidos en el Centro Nacional de Procesados Militares de Ramo Verde, en el estado Miranda, fueron excarcelados bajo medidas cautelares luego de recibir beneficios procesales en causas consideradas de menor gravedad por las autoridades judiciales.
La medida fue resultado de una mesa técnica interinstitucional integrada por la Defensoría Pública Militar, la Defensoría del Pueblo y los tribunales militares competentes, que evaluó diversos expedientes para determinar la procedencia de beneficios judiciales.
Entre los casos que destacan en esta jornada de excarcelaciones figura el del primer teniente Reinaldo Enrique Finol, integrante de la etnia Wayuu, quien era considerado por organizaciones defensoras de derechos humanos como un detenido por motivos políticos desde el 12 de septiembre de 2020.
Finol permanecía privado de libertad tras ser vinculado al expediente conocido como “Espía Americano”, una investigación en la que las autoridades venezolanas señalaron la presunta existencia de planes de sabotaje contra instalaciones estratégicas del país.
En su momento, el entonces fiscal general, Tarek William Saab, acusó públicamente al oficial de estar presuntamente involucrado en acciones dirigidas contra la industria petrolera nacional y componentes del sistema eléctrico venezolano.
Durante el proceso judicial, el Ministerio Público sostuvo acusaciones por los delitos de terrorismo y traición a la patria, argumentando que el oficial habría participado en la coordinación de supuestos planes logísticos con apoyo de civiles y militares.
Tras culminar esta revisión de medidas cautelares, organizaciones no gubernamentales dedicadas al seguimiento de casos de militares detenidos indicaron que al menos 86 integrantes de los distintos componentes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana continúan recluidos en el penal militar de Ramo Verde.
Las excarcelaciones forman parte de un proceso de revisión de causas judiciales impulsado por las autoridades competentes, mientras organizaciones de derechos humanos mantienen el monitoreo de la situación de los militares que permanecen privados de libertad.