El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) reportó la muerte de dos personas privadas de libertad bajo custodia del Estado durante los primeros cinco días de mayo, ambos casos asociados a problemas de salud y presuntas fallas en la atención médica dentro del sistema penitenciario.
Las víctimas fueron identificadas como José Espinales, de 23 años, recluido en la Comunidad Penitenciaria Fénix, en el estado Lara, y Francisco Segundo Ojeda, quien permanecía detenido en el Centro de Reclusión Penitenciario Judicial 26 de Julio, en el estado Guárico.
De acuerdo con la organización, Espinales padecía una enfermedad respiratoria que lo mantuvo hospitalizado por más de cinco meses. Durante ese tiempo, permaneció esposado a una cama, una condición que —según el OVP— vulneró su dignidad. Además, sus familiares asumieron todos los gastos médicos, incluyendo tratamientos e insumos requeridos por el centro de salud. El joven, oriundo del estado Yaracuy, falleció lejos de su lugar de origen.
En el caso de Ojeda, el Observatorio señaló que su muerte se enmarca en un patrón recurrente dentro de las cárceles venezolanas: personas privadas de libertad que enferman y no reciben atención médica oportuna ni adecuada.
“Estas muertes por motivos de salud dejan de ser excepcionales y pasan a formar parte de la realidad carcelaria venezolana, donde no existen garantías mínimas para la atención médica ni respuestas institucionales”, indicó la organización en un comunicado.
Diversos reportes recientes coinciden con este señalamiento. El OVP ha denunciado que múltiples fallecimientos en centros penitenciarios del país están vinculados al deterioro de la salud de los reclusos sin acceso a atención médica adecuada, en un contexto marcado por condiciones precarias, hacinamiento y falta de insumos .
La ONG, que desde 2002 documenta la situación en los centros de reclusión del país, considera que estos casos reflejan una violación sistemática de derechos fundamentales, entre ellos el derecho a la vida, la salud y el trato digno, tanto de presos comunes como de detenidos por razones políticas.
En este sentido, el OVP anunció que continuará elevando las denuncias ante instancias nacionales e internacionales de derechos humanos, con el objetivo de visibilizar la crisis estructural del sistema penitenciario venezolano.
Finalmente, la organización exigió al Estado el cumplimiento del artículo 272 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que establece la obligación de garantizar un sistema penitenciario orientado a la rehabilitación y al respeto de los derechos humanos.
El Observatorio Venezolano de Prisiones mantiene monitoreo activo en al menos 16 puntos del país y ha alertado de manera reiterada sobre el deterioro de las condiciones de reclusión, en un contexto donde —según sus informes— las muertes bajo custodia continúan en aumento.