El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) denunció este 29 de mayo el fallecimiento de Francisco Orellano, quien se encontraba recluido en el Centro Penitenciario de Occidente, ubicado en Santa Ana, estado Táchira, y aseguró que no recibió atención médica oportuna pese a su condición de salud.
La organización no gubernamental advirtió que el caso refleja la grave crisis sanitaria que persiste en el sistema penitenciario venezolano, donde cientos de personas privadas de libertad enfrentan enfermedades sin acceso adecuado a tratamientos médicos.
OVP denuncia falta de atención médica
A través de sus redes sociales, el Observatorio Venezolano de Prisiones recordó que el artículo 83 de la Constitución establece que la salud es un derecho social fundamental y una obligación del Estado.
Sin embargo, la organización sostuvo que Francisco Orellano falleció sin recibir la atención médica necesaria para atender su estado de salud.
“El fallecimiento de una persona bajo custodia del Estado representa una grave responsabilidad institucional cuando no se garantizan las condiciones mínimas para preservar su vida y bienestar”, señaló el organismo.
Alertan sobre enfermedades y condiciones críticas en las cárceles
El OVP también denunció que numerosos reclusos permanecen encarcelados con enfermedades respiratorias, tuberculosis, infecciones, cuadros de desnutrición y otras patologías que avanzan sin controles médicos adecuados.
Según la organización, los traslados a centros hospitalarios suelen realizarse de manera tardía o, en muchos casos, nunca llegan a concretarse, agravando las condiciones de salud de los internos.
“Cuando un preso muere por falta de atención médica, abandono institucional o condiciones incompatibles con la vida, no solo fracasa el sistema penitenciario, sino también los mecanismos de protección y control que tienen el deber de actuar para evitar estas tragedias”, expresó el OVP en un comunicado difundido en redes sociales.
Ya son 18 los presos fallecidos bajo custodia del Estado
Con la muerte de Francisco Orellano, el Observatorio Venezolano de Prisiones contabiliza 18 personas privadas de libertad fallecidas bajo custodia del Estado entre abril y lo que va de mayo de 2026.
La cifra ha encendido las alarmas entre organizaciones defensoras de derechos humanos, que desde hace años denuncian el deterioro de las condiciones de reclusión en distintos centros penitenciarios del país.
Diversos informes han advertido sobre problemas estructurales relacionados con la atención médica, la alimentación, el hacinamiento y la falta de medicamentos en las cárceles venezolanas.
Cuestionan actuación de la Defensoría del Pueblo
La organización también cuestionó la actuación de la defensora del Pueblo, Eglée González Lobato, al considerar insuficiente la respuesta institucional frente a la situación que enfrentan los reclusos.
“¿Dónde está la institución llamada a velar por la protección de los derechos humanos de las personas privadas de libertad? Mientras los presos enferman, se deterioran y mueren bajo custodia, la actuación de los órganos encargados de prevenir estas violaciones sigue siendo inexistente o insuficiente”, expresó el observatorio.
Exigen investigación y garantías de no repetición
Ante este nuevo fallecimiento, el OVP exigió a las autoridades venezolanas abrir una investigación exhaustiva para esclarecer las circunstancias de la muerte de Francisco Orellano y determinar posibles responsabilidades.
Asimismo, solicitó medidas de reparación para los familiares de las víctimas y la implementación de acciones concretas que eviten la repetición de este tipo de casos dentro del sistema penitenciario nacional.
La organización reiteró que el Estado venezolano tiene la obligación de garantizar la vida, la salud y la integridad de todas las personas privadas de libertad, independientemente de su situación jurídica.
El caso de Francisco Orellano vuelve a poner el foco sobre las condiciones de las cárceles venezolanas y reabre el debate sobre la necesidad de reformas urgentes para garantizar el respeto a los derechos humanos dentro de los centros de reclusión del país.
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