Al menos cuatro personas de 60 años o más murieron bajo custodia del Estado venezolano entre el 19 y el 30 de septiembre, según una denuncia presentada por el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), organización que además contabiliza más de 60 fallecimientos de privados de libertad desde abril.
Uno de los casos señalados por la ONG corresponde a Hermes Carrero, de 63 años, quien murió de un infarto mientras se encontraba recluido en una celda del Internado Judicial del estado Barinas (Injuba).
De acuerdo con el OVP, el fallecimiento ocurrió cinco días después de una jornada realizada en ese centro penitenciario por la Comisión Presidencial para la Consulta Nacional sobre la Reforma de la Justicia Penal.
Ante el caso, la organización cuestionó las condiciones de supervisión y atención médica en los centros de reclusión, particularmente para los adultos mayores y las personas que padecen enfermedades crónicas.
El OVP planteó interrogantes sobre si durante la visita de la comisión fueron evaluadas las condiciones de salud de los privados de libertad, sus historias médicas, la disponibilidad de medicamentos y la necesidad de atención especializada o de traslados a centros hospitalarios.
OVP cuestiona condiciones de reclusión
La organización sostuvo que una supervisión penitenciaria efectiva no debería limitarse a una revisión administrativa, sino que también debería contemplar la inspección de las áreas de reclusión, el contacto directo con los privados de libertad y la identificación de quienes se encuentran en condiciones de especial vulnerabilidad.
El OVP también recordó los resultados de una investigación previa, según la cual 7.414 personas permanecen detenidas en 157 dependencias del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc). De ese total, 181 tendrían más de 65 años.
Según la organización, parte de estas personas permanece durante períodos prolongados en instalaciones destinadas originalmente a detenciones preventivas y que no cuentan con las condiciones de un centro penitenciario.
El observatorio advirtió que mantener a adultos mayores privados de libertad sin una evaluación individual de su estado de salud, sus necesidades médicas y su situación jurídica puede incrementar los riesgos asociados a la reclusión.
Reclaman atención para los presos de mayor edad
El OVP recordó que la legislación venezolana y la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores contemplan garantías específicas para este grupo de población, incluyendo la posibilidad de aplicar medidas alternativas a la privación de libertad cuando corresponda.
La organización también alertó sobre las consecuencias que, según sus registros, pueden generar la falta de atención médica y de medicamentos dentro de las cárceles venezolanas.
Ante este escenario, el OVP pidió reforzar la atención sanitaria y las condiciones de reclusión de los adultos mayores privados de libertad y advirtió sobre el riesgo de que las muertes bajo custodia terminen siendo asumidas como hechos normales dentro del sistema penitenciario venezolano.