Una segunda jueza federal bloqueó este miércoles el decreto del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que busca poner fin a la ciudadanía por derecho de nacimiento.
La juez alegó que es probablemente inconstitucional y “va en contra de los 250 años de historia de nuestra nación de ciudadanía por nacimiento”.
La medida cautelar preliminar a nivel nacional de la jueza de Distrito Deborah Boardman es un fallo significativo contra el decreto del primer día de Trump, que fue rápidamente recibida con desafíos legales y puesta en pausa días después por otro juez.
Liza, una estudiante de posgrado en Texas, tiene 24 semanas de embarazo y está demandando a la administración Trump por su prohibición de ciudadanía por derecho de nacimiento. Le preocupa que a su bebé, que debe nacer en mayo, le puedan negar atención médica o educación.
El decreto “entra en conflicto con el lenguaje llano de la 14ª Enmienda, contradice 125 años de precedentes vinculantes de la Corte Suprema y va en contra de los 250 años de historia de nuestra nación de ciudadanía por nacimiento”, dijo Boardman durante una audiencia este miércoles.
“Ningún tribunal del país ha respaldado la interpretación del presidente”, dijo. “Este tribunal no será el primero”.
El caso en cuestión fue presentado en Maryland por cinco mujeres embarazadas cuyos bebés podrían verse afectados por el decreto de Trump y dos grupos de derechos de los inmigrantes. Boardman, designada por el expresidente Joe Biden, dijo que la medida cautelar necesitaba aplicarse en todo el país para dar a la vasta membresía de los grupos un “alivio completo”.
“El Gobierno no se verá perjudicado por una medida cautelar que le impida aplicar un decreto que probablemente será declarada inconstitucional”, comentó.
La medida cautelar, que según Boardman durará mientras se tramita la demanda contra el decreto, será probablemente apelada por el Gobierno ante un tribunal federal de apelaciones con sede en Richmond, lo que podría llevar el caso ante la Corte Suprema.
Hay otros recursos en curso contra la decisión presidencial en todo el país, y jueces de otros estados estudiarán medidas cautelares similares esta misma semana.
Expertos jurídicos han señalado que es probable que el asunto acabe llegando a la Corte Suprema para su revisión.
Mientras Boardman leía su fallo desde el estrado durante la audiencia de este miércoles, dijo que “la ciudadanía es un derecho muy preciado, expresamente garantizado por la 14ª Enmienda de la Constitución” e hizo hincapié en el “daño irreparable” que causaría la orden de Trump si se permitía que entrara en vigor en las próximas semanas.
“A los niños sujetos al decreto se les negarán los derechos y beneficios a los ciudadanos estadounidenses y sus padres se enfrentarán a la inestabilidad y la incertidumbre sobre el estatus de ciudadanía de sus bebés no nacidos”, dijo.
Eric Hamilton, un abogado que representa al Gobierno de Trump, argumentó que los artífices de la 14ª Enmienda no tenían la intención de “crear un vacío legal para ser explotado” por visitantes temporales o inmigrantes indocumentados. Dijo que bloquear la orden sería prematuro, ya que las agencias federales no han podido empezar a elaborar políticas específicas en torno a ella después de que fuera puesta en suspenso poco después de que Trump la firmara.
Pero la jueza no se dejó convencer, diciendo que el decreto era suficiente para que ella evaluara la legalidad de los esfuerzos de Trump.
Firmado por Trump el 20 de enero, el decreto, titulado “PROTEGER EL SIGNIFICADO Y EL VALOR DE LA CIUDADANÍA ESTADOUNIDENSE”, decía que el Gobierno federal no “emitirá documentos que reconozcan la ciudadanía estadounidense” a ningún niño nacido en suelo estadounidense de padres que estuvieran en el país ilegalmente o estuvieran en los estados legalmente, pero de forma temporal.
El decreto decía que “solo se aplicará a las personas que nazcan dentro de Estados Unidos después de 30 días de la fecha de esta orden”.