Con más del 50% de los votos escrutados y con una tendencia irreversible, Chile rechazó este domingo una segunda propuesta de nueva Constitución y decidió mantener el texto actual, heredado de la dictadura militar.
La opción “En contra” se impone con poco más del 55% de los sufragios, frente a un 44 del “A favor”.
El partido conservador Unión Demócrata Independiente (UDI), que apoyó el nuevo documento, fue el primero en salir a reconocer los resultados y su líder, Javier Macaya, dijo que los chilenos “no quieren un cambio constitucional”.
Este domingo los chilenos volvieron a las urnas para votar “A favor” o “En contra” de una nueva propuesta de Constitución, elaborada esta vez por un Consejo Constitucional dominado por una mayoría de miembros del Partido Republicano y Chile Vamos, la derecha tradicional chilena.
Con el triunfo de la opción “En Contra” – apoyada por el gobierno y la izquierda y la que lidera todas las encuestas-, se mantiene vigente la actual Constitución, impuesta en 1980 por el régimen de Augusto Pinochet y reformada por el presidente socialista Ricardo Lagos en 2005.
Es decir, un triunfo pírrico, con sabor a derrota para Boric y su gobierno, pues los partidos de izquierda perdieron el año pasado la oportunidad de instalar una Constitución a su pinta y ya firmaron una declaración conjunta donde se comprometieron a no impulsar un tercer proceso constituyente, producto del cansancio de los electores.
¿Pero cómo llegaron los chilenos a enfrascarse en un proceso constitucional que ha implicado cuatro años de dimes y diretes entre izquierda y derecha, un intento fallido de cambiar la Constitución actual y millones de dólares despilfarrados, sin resultado positivo alguno?
La crisis se desató con el estallido social del 18 de octubre de 2019, bajo el gobierno de Sebastián Piñera, cuando a modo de protesta por el aumento del precio del pasaje del Metro en $30 pesos (3 centavos de dólar), estudiantes hicieron evasiones masivas en el metro, rompiendo torniquetes para ingresar a los andenes sin pagar. Pronto la violencia se tomó las calles de Santiago, con quema de diversas estaciones de metro y buses, saqueo de supermercados y ataques a cientos de instalaciones públicas.
El gobierno decretó estado de emergencia y toque de queda, desplegando en las calles a los militares. Pero rápidamente el gobierno de Piñera se vio forzado a ceder y anunció la suspensión del alza en la tarifa del metro, afirmando que había escuchado “con humildad la voz de la gente”.
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