Honduras enfrenta una crisis de violencia de género sin precedentes, con al menos 1.780 mujeres asesinadas entre enero de 2020 y septiembre de 2025, lo que representa el trágico promedio de una víctima cada 28 horas. La cifra fue revelada por el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) en un informe reciente que señala a la impunidad como el principal obstáculo para frenar esta epidemia.
Los datos del Conadeh demuestran una concentración geográfica de los crímenes, con los departamentos de Francisco Morazán (370 casos), Cortés (342) y Olancho (177) sumando cerca del 50% de los asesinatos, lo que subraya el carácter estructural de la violencia.
Un dato particularmente alarmante es que 850 crímenes —casi la mitad del total— ocurrieron a partir de diciembre de 2022, periodo en el que el país mantiene un estado de excepción parcial teóricamente diseñado para reducir los índices de criminalidad general.
La coordinadora de la Defensoría de la Mujer, Aurora Rueda, calificó los homicidios como “la forma más extrema de violación a los derechos humanos” y destacó que la situación refleja una sociedad marcada por la desigualdad y la falta de seguridad para las mujeres.
Rueda advirtió que la impunidad en estos casos alcanza el 95%. Esta cifra devastadora se atribuye a la rotación constante del personal investigador y, crucialmente, a la ausencia de morgues judiciales en gran parte del territorio, lo que impide la correcta realización de autopsias y la preservación de pruebas clave.
“La violencia contra la mujer solo podrá erradicarse garantizando su igualdad, su empoderamiento y el pleno respeto de sus derechos”, afirmó Rueda, urgiendo a una acción conjunta del Estado y la sociedad.
El Conadeh reiteró la necesidad urgente de que el Congreso Nacional apruebe la Ley Integral contra las Violencias hacia las Mujeres. La normativa, presentada en noviembre de 2022, busca fortalecer la protección institucional, reconocer todas las formas de violencia y mejorar la coordinación entre las entidades que atienden a las víctimas.
Mientras la ley sigue sin ser debatida, Honduras continúa sumando cifras alarmantes de feminicidios, evidenciando que la justicia sigue siendo una deuda pendiente y la vida de las mujeres, un derecho en grave riesgo.
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