La liberación de Marco José Palma Martínez se produjo este sábado 17 de enero, luego de que permaneciera un año detenido por reclamar el retraso en la entrega de bombonas de gas en la ciudad de Los Teques, estado Miranda. El caso había generado amplia polémica por tratarse de la exigencia de un servicio básico.
La información fue confirmada por la abogada y defensora de los derechos humanos Tamara Suju, quien dio a conocer la noticia a través de su cuenta en la red social X.
“¿Recuerdan el caso de Marco José Palma Martínez, el hombre que fue detenido por denunciar el retraso del servicio de bombonas de gas en Los Teques? Esta madrugada fue liberado luego de permanecer un año detenido injustamente por reclamar un derecho básico para la comunidad”, escribió Suju.
Anulan condena de 15 años de prisión
La excarcelación se produjo luego de que la Corte de Apelaciones anulara la sentencia de 15 años de prisión que había sido dictada por el tribunal de la causa.
Según detalló la defensora de derechos humanos, la información fue confirmada por el abogado Guillermo Heredia, representante legal de Palma Martínez.
La condena había sido duramente cuestionada por organizaciones civiles y activistas, quienes denunciaron criminalización de la protesta y del reclamo ciudadano.
Detenido por un audio de WhatsApp
Marco José Palma Martínez había sido detenido el 6 de enero de 2025 y posteriormente condenado a 15 años de cárcel. Las autoridades lo acusaron tras la difusión de una nota de voz enviada por WhatsApp, en la que se quejaba por el retraso en el suministro de bombonas de gas doméstico.
El audio, que circuló en grupos vecinales de Los Teques, denunciaba la falta del servicio y también llamaba a realizar una protesta pacífica en la carretera vieja Caracas–Los Teques, lo que derivó en su detención.
Un caso que generó rechazo y controversia
El caso de Marco Palma generó fuerte controversia a nivel nacional, al considerarse un ejemplo de persecución por exigir derechos básicos. Diversas voces alertaron sobre el uso del sistema judicial para castigar reclamos sociales vinculados a servicios públicos esenciales.
Con su liberación, defensores de derechos humanos reiteraron el llamado a revisar casos similares en Venezuela, en los que ciudadanos permanecen privados de libertad por manifestar inconformidad ante fallas en servicios como gas, electricidad o agua.