Juliana Guerrero llegó a un preacuerdo con la Fiscalía de Colombia y aceptó su responsabilidad por el delito de fraude procesal, relacionado con la presentación de títulos fraudulentos para acreditar los requisitos exigidos para ocupar el cargo de viceministra de Juventudes del Ministerio de Igualdad durante el gobierno de Gustavo Petro.
El acuerdo contempla una pena de tres años de prisión, una multa de 100 salarios mínimos y dos años y medio de inhabilidad para ejercer cargos públicos. Sin embargo, el preacuerdo todavía debe ser estudiado y aprobado por el juez que lleva el proceso.
La aceptación de responsabilidad representa un giro en el caso, pues durante la audiencia de imputación de cargos Guerrero no había aceptado los delitos que le atribuía la Fiscalía.
¿Qué determinó la Fiscalía sobre los títulos?
Según el ente acusador, Guerrero sabía que los documentos académicos que presentó a través del portal de Función Pública eran falsos, aunque tenían apariencia de autenticidad, y que su incorporación al sistema pudo inducir a error a los funcionarios encargados de verificar los requisitos para el cargo.
La investigación se concentró especialmente en el supuesto título de contadora pública atribuido a la Fundación San José, con el que Guerrero buscó acreditar su formación profesional para asumir como viceministra de Juventudes.
Inicialmente, en su hoja de vida figuraba únicamente como técnica en gestión contable, sin título profesional. Dos semanas después, la información fue actualizada y ya aparecía como profesional en contaduría pública de esa institución.
Entre las irregularidades investigadas también estuvo la realización de tres pagos a la Fundación San José por un total de ocho millones de pesos, efectuados días después de la fecha en que Guerrero habría obtenido el título, según las denuncias impulsadas por la entonces representante a la Cámara y hoy senadora Jennifer Pedraza.
Icfes y Ministerio de Educación señalaron otras irregularidades
El Icfes confirmó que Guerrero no presentó la prueba Saber Pro, uno de los requisitos asociados al proceso de graduación profesional.
En declaraciones anteriores, Guerrero había sostenido que el título no sería retirado y que únicamente debía completar ese requisito para poder utilizarlo.
A esto se sumó una verificación del Ministerio de Educación, que indicó que no existía registro en el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior (Snies) que acreditara que Guerrero hubiera estado matriculada, cursado estudios o recibido el título en esa institución.
Guerrero pidió perdón
Tras aceptar el preacuerdo, Guerrero ofreció disculpas públicas y aseguró que asumirá las consecuencias de sus decisiones.
“No estoy acá para justificarme ni para presentarme como víctima, sino para asumir con humildad las consecuencias de mis decisiones”, expresó en un comunicado escrito.
También pidió perdón al país, a su familia, a las personas que confiaron en ella, a los jóvenes que la consideraron un referente y a la institución educativa involucrada.
Guerrero sostuvo que su intención no fue perjudicar al Estado ni al país, aunque reconoció que esa circunstancia no elimina su responsabilidad.
Jennifer Pedraza reaccionó al preacuerdo
La senadora Jennifer Pedraza, quien impulsó las denuncias sobre el caso cuando era representante por Bogotá, calificó el preacuerdo como un avance de la justicia colombiana.
“En un país acostumbrado a la impunidad no deja de ser una muy buena noticia que por fin la justicia colombiana esté actuando en el caso de los títulos falsos de Juliana Guerrero”, afirmó la congresista tras conocerse el acuerdo.
Ahora será el juez del proceso quien determine si aprueba o rechaza el preacuerdo alcanzado entre Guerrero y la Fiscalía, decisión que definirá el siguiente capítulo judicial del caso.