El Congreso de Paraguay destituyó a Santiago Peña como presidente. Este viernes, 6 de noviembre, fue declarado culpable de forma unánime -tanto en el Senado como en Diputados- a tras el juicio político promovido tras el escándalo financiero que involucra al Ueno Bank.
El proceso de juicio político contra Peña avanzó el 5 de noviembre, cuando la Cámara de Diputados aprobó las acusaciones en su contra y remitió el expediente al Senado para su juzgamiento. Ese mismo día, el mandatario presentó su renuncia; sin embargo, el Congreso no pudo pronunciarse sobre su dimisión debido a la falta de cuórum en la sesión conjunta convocada para discutirla.
Por esta razón, la decisión sobre su salida de la Presidencia quedó pendiente mientras avanzaba el procedimiento político en la Cámara Alta.
Antes de que el Senado reanudara la sesión para escuchar sus argumentos de defensa, Peña solicitó una prórroga de 72 horas para preparar su respuesta a las acusaciones. El mandatario consideró insuficiente el tiempo concedido para ejercer su defensa, pero los senadores rechazaron la petición y decidieron continuar con el juicio político.
Crisis de Ueno Bank entre las acusaciones contra Peña
El proceso se desarrolla en medio de la controversia generada por la intervención de Ueno Bank, una medida que habría afectado a unos tres millones de clientes.
Entre los señalamientos contra Peña figuran presuntos conflictos de intereses e irregularidades relacionadas con la entidad financiera y el manejo de fondos previsionales. Estos cuestionamientos forman parte de las acusaciones que deberá evaluar el Senado durante el juicio político.
Pedro Alliana asumiría la Presidencia hasta 2028
Ante una eventual salida de Peña, la sucesión presidencial corresponderá al actual vicepresidente Pedro Alliana, quien deberá completar el período constitucional hasta el 15 de agosto de 2028.
Su llegada a la Presidencia dejaría vacante la Vicepresidencia de Paraguay, por lo que el Congreso tendría que designar a un nuevo titular para ese cargo.
El artículo 234 de la Constitución paraguaya establece que, cuando la vacancia de la Vicepresidencia ocurre durante los dos últimos años del período constitucional, el Congreso debe elegir al sustituto por mayoría absoluta de sus integrantes.
De esta manera, una eventual destitución de Peña no solo provocaría un cambio en la jefatura del Ejecutivo, sino que también abriría un nuevo proceso de designación política para completar la fórmula presidencial paraguaya.