El dirigente opositor y abogado constitucionalista Juan Miguel Matheus afirmó este jueves 27 de agosto que la reforma del artículo 65 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia (LOTSJ) representa un resultado concreto del proceso de negociación política y un paso hacia la transformación del sistema de justicia venezolano.
Matheus, miembro de la Comisión Delegada de la Asamblea Nacional electa en 2015, destacó que la modificación incrementa la participación de la sociedad civil en el Comité de Postulaciones Judiciales, al tiempo que, según sostuvo, favorece la transparencia y reduce el control político sobre el Poder Judicial.
“Como resultado de nuestros esfuerzos, la sociedad civil venezolana está asumiendo un papel central en la construcción de la transición democrática del país”, afirmó el parlamentario, quien agregó que “en el corazón de la transición de Venezuela estará su sociedad civil”.
Sociedad civil tendrá mayoría en el Comité de Postulaciones
Uno de los principales cambios planteados en la reforma es la nueva composición del Comité de Postulaciones Judiciales, que estará integrado por 23 miembros: 12 representantes de la sociedad civil y 11 diputados.
De acuerdo con Matheus, esta modificación busca fortalecer la participación ciudadana en el proceso de selección de magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y limitar la influencia partidista en las decisiones relacionadas con la conformación del máximo tribunal.
El dirigente señaló que el nuevo mecanismo permitiría avanzar hacia un proceso público y técnico para la renovación de los magistrados, mediante una convocatoria amplia para la selección de los representantes de la sociedad civil.
Asimismo, destacó que el procedimiento contempla mayor difusión de las postulaciones y mecanismos de control ciudadano sobre los expedientes, credenciales y evaluaciones de los aspirantes.
Evaluación de los candidatos
Matheus también resaltó que los candidatos deberán ser sometidos a una evaluación rigurosa, tomando en cuenta los requisitos de idoneidad, honorabilidad, trayectoria profesional y competencia jurídica establecidos en el artículo 263 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
“Es una victoria del país y un logro de la Delegación Negociadora. Hemos convertido una exigencia fundamental de la negociación en una reforma concreta de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. Este es un primer paso para reconstruir la justicia venezolana”, afirmó.
Finalmente, el parlamentario calificó la reforma como un avance derivado de la mesa de negociación e invitó a profesionales del derecho con reconocida trayectoria y solvencia ética a participar en el proceso de postulaciones.
“Una justicia independiente comienza por una selección transparente de quienes tienen la responsabilidad de impartirla”, concluyó.