La oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, advirtió que “existen motivos razonables para creer que se han cometido graves violaciones de los derechos económicos y sociales” en Venezuela, según detalla un amplio informe publicado este jueves en el que además denuncia la existencia de tortura y tratos inhumanos contra personas detenidas por el ejercicio de sus derechos civiles.

El documento de 18 páginas detalla la situación de vulnerabilidad en la que se encuentra la población venezolana en medio de la crisis política y social que arrastra el país.

“El Gobierno (del asediado presidente Nicolás Maduro) se negó a reconocer la magnitud de la crisis hasta hace poco y no adoptó las medidas apropiadas”, apunta la ONU en sus conclusiones aseverando además que el país “ha adoptado e implementado una serie de leyes, políticas y prácticas que han restringido el espacio democrático”.

El informe dedicó un apartado sobre las “detenciones arbitrarias, torturas y malos tratos”.

Cita cifras de la ONG Foro Penal y documenta la detención de “por lo menos 15.045 personas” entre enero de 2014 y mayo de 2019.

“Al 31 de mayo de 2019, 793 personas seguían privadas arbitrariamente de libertad”, indica.

La ONU informó además sobre “135 casos de personas (23 mujeres y 112 hombres) privadas arbitrariamente de la libertad entre 2014 y 2019”.

En algunos de estos casos documentados “se sometió a las mujeres y los hombres detenidos a una o más formas de tortura” con “la aplicación de corriente eléctrica, asfixia con bolsas de plástico, simulacros de ahogamiento, palizas, violencias sexuales, privación de agua y comida, posturas forzadas y exposición a temperaturas extremas”, detalla el documento.

Señala como responsables de estas prácticas al Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN) y a la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM).

Ambas instituciones, según el informe de la ONU, “recurrieron de manera habitual a esas medidas para extraer información y confesiones, intimidar y sancionar a las personas detenidas”.

Según el informe, el Gobierno asegura que “no hubo muertes durante las manifestaciones en 2018. Reportaron que 29 personas fueron muertas entre enero y mayo de 2019”. La información es contrastada con el reporte que cita a su vez del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social que “registró 14 muertes en el contexto de manifestaciones en 2018” mientras que el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos “registró 66 muertes entre enero y mayo 2019”.

Sobre la actuación de los órganos de seguridad del Estado, implica a “la GNB (Guardia Nacional Bolivariana) y la PNB (Policía Nacional Bolivariana) en el “uso excesivo de la fuerza en manifestaciones al menos desde 2014 y señala a las FAES (Fuerzas de Acciones Especiales) de ser “presuntamente responsables de numerosas ejecuciones extrajudiciales en operaciones de seguridad.

También hace mención de los llamados “los colectivos chavistas”, grupos de civiles armados que según el informe “apoyan a las fuerzas de seguridad en la represión de manifestaciones y de la disidencia”.

En otros aspectos sobre vulneración de derechos civiles, la ONU señala que “el Gobierno ha tratado de imponer una hegemonía comunicacional (…) creando un ambiente que restringe los medios de comunicación independientes”.

Documentó además “detenciones arbitrarias de personas por expresar opiniones en redes sociales”. Haciendo referencia a datos de la ONG Espacio Público, indica que se “han registrado detenciones arbitrarias y cargos penales contra 55 personas por publicaciones en medios sociales”.

La ONU también advierte sobre la vulneración de derechos económicos y sociales que afectan el acceso a la alimentación y la salud.

“El ACNUDH confirma violaciones al derecho a la alimentación, incluida la obligación del Estado para garantizar que la población no padezca hambre”, sentencia.

“Las mujeres se ven obligadas a dedicar un promedio de 10 horas al día a hacer filas para obtener comida. Fuentes locales reportaron algunos casos de mujeres que se vieron forzadas a intercambiar comida por sexo”, revela.

Con base en cifras del Fondo de las Naciones Unidas para la Alimentación, reporta que “3,7 millones de venezolanos/as se encuentran en estado de desnutrición”.

El informe hace referencia a la “Encuesta Nacional de Hospitales (2019)” que reporta la muerte de  1.557 personas “debido a la falta de insumos en hospitales”.

“Los apagones han causado daños irreparables, como se revela en reportes que indican que 40 pacientes murieron como resultado del apagón de marzo de 2019”, añade.

Respecto al acceso a los medicamentos, informa sobre “carencias del 60 al 100 por ciento de fármacos esenciales en cuatro de las principales ciudades de Venezuela, incluyendo Caracas”.

Advierte sobre la reaparición de enfermedades como el sarampión y la difteria que habían logrado ser controladas a través de vacunación.

En cuanto al acceso de las víctimas de violación de Derechos Humanos, el documento señala que “el Ministerio Público ha incumplido con regularidad su obligación de investigar y llevar a juicio a las personas responsables de los hechos”.

En las recomendaciones del informe, la ONU pide al Gobierno de Venezuela que “adopte de inmediato medidas” para “cesar” y “prevenir” la violación de derechos humanos, particularmente “violaciones graves, como la tortura y las ejecuciones extrajudiciales”.

Solicita al Estado “ratificar el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes”.

Igualmente reclama que “desarme y desmantele a los grupos armados civiles progubernamentales (…) y garantice la investigación de sus delitos”; también solicita el desmantelamiento del comando policías de las FAES (Fuerzas de Acciones Especiales).

Demanda que “ponga en libertad a todas las personas privadas arbitrariamente de su libertad” y “revocar la clausura de medios de comunicación”.

CNN