La iniciativa plantea atender la crisis hospitalaria, fortalecer la atención primaria y reducir el gasto de las familias en medicamentos y tratamientos. La dirigente opositora propone llevar el documento a Jorge Rodríguez en el marco de las negociaciones políticas.
Representantes del sector salud en Venezuela entregaron a Dinorah Figuera, presidenta de la Asamblea Nacional electa en 2015 e integrante de la delegación opositora en la mesa de negociación, un conjunto de propuestas técnicas para enfrentar la crisis sanitaria y recuperar el sistema público de atención.
El documento plantea una hoja de ruta de emergencia centrada en el financiamiento hospitalario, el fortalecimiento de la atención primaria, la cobertura de enfermedades crónicas y la restitución del derecho a la salud.
Durante el encuentro, Figuera sostuvo que la atención sanitaria debe ocupar un lugar prioritario en los esfuerzos por alcanzar la reconciliación nacional y superar las diferencias políticas.
“Vamos a curar a Venezuela y a abordar el sector salud como un problema de todos los venezolanos”, expresó la dirigente al referirse a sus conversaciones con Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional electa en 2020, a quien prevé presentar las propuestas elaboradas por los especialistas.
Financiamiento hospitalario y enfermedades crónicas
En la presentación participaron referentes de la medicina venezolana, entre ellos el exministro de Sanidad Rafael Orihuela, el infectólogo Julio Castro, el pediatra Huniades Urbina y el psiquiatra Diego Muñoz, quienes expusieron prioridades para la recuperación del sector.
Orihuela alertó sobre las dificultades de financiamiento que enfrentan los centros hospitalarios y la carga económica que asumen los hogares para acceder a tratamientos, especialmente en enfermedades crónicas como la diabetes y la hipertensión.
El especialista planteó establecer mecanismos de apoyo para los pacientes y advirtió que un sistema sanitario funcional requiere una inversión suficiente y sostenida. Durante su intervención, afirmó que el gasto total en salud representa menos del 8 % del producto interno bruto (PIB).
Por su parte, Diego Muñoz señaló una brecha importante en la atención de salud mental y alertó sobre el incremento de las tasas de suicidio durante la última década. En ese contexto, solicitó desarrollar programas de atención primaria respaldados por la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Los aportes de Julio Castro y Huniades Urbina también formaron parte del documento técnico que la delegación opositora prevé elevar a las autoridades correspondientes.
Figuera defiende la continuidad del diálogo
La dirigente insistió en que la negociación política debe mantenerse como una vía para impulsar cambios institucionales y atender las necesidades de la población, pese a las críticas de quienes exigen resultados concretos antes de continuar las conversaciones.
Figuera reconoció que un compañero le sugirió abandonar la mesa hasta que se produzca la liberación de todos los presos políticos. Sin embargo, defendió su permanencia y sostuvo que el diálogo constituye una oportunidad para alcanzar acuerdos.
La parlamentaria indicó que la agenda opositora también contempla reformas al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), la renovación del Consejo Nacional Electoral (CNE), el levantamiento de inhabilitaciones políticas y garantías para el ejercicio de los derechos civiles y políticos.
Asimismo, afirmó que la reconciliación debe incluir justicia y no puede sustentarse en la impunidad.
Reuniones en Washington
Figuera también se refirió a sus recientes encuentros en Washington con representantes del Departamento de Estado de Estados Unidos, entre ellos Marco Rubio. Según explicó, en esas conversaciones se abordaron la recuperación institucional, las garantías democráticas y la posibilidad de avanzar hacia un proceso electoral.
La dirigente sostuvo que el respeto a los derechos civiles y políticos es indispensable para proteger el ejercicio profesional, incluido el de los trabajadores sanitarios, y evitar que médicos y otros especialistas enfrenten represalias por atender pacientes o expresar opiniones sobre la situación de la salud pública.
La propuesta del gremio busca incorporar las prioridades sanitarias a la agenda de negociación política y abrir espacios para que los profesionales del sector participen en la recuperación de los servicios de salud en Venezuela.