La vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, encabezó este miércoles 22 de abril la instalación de la Comisión de Evaluación de Activos Públicos, una instancia creada para auditar, reorganizar y redefinir el papel de las empresas en manos del Estado.
La iniciativa surge tras una reunión estratégica con el equipo económico del Ejecutivo y tiene como objetivo central garantizar una gestión más eficiente, transparente y sostenible de los recursos públicos, en un contexto marcado por la baja productividad de numerosas industrias estatales.
Durante el encuentro, Rodríguez explicó que el plan de trabajo estará enfocado en cuatro líneas clave: la identificación de activos estratégicos, la detección de bienes prescindibles, el impulso de alianzas público-privadas y la eventual liquidación de empresas que ya no resulten operativas.
Sobre este último punto, la funcionaria precisó que se busca “optimizar el aprovechamiento de los recursos remanentes”, especialmente en aquellas industrias que actualmente representan una carga administrativa sin aportar beneficios al desarrollo económico del país.
Apertura al capital privado
La puesta en marcha de esta comisión abre la puerta a una mayor participación del sector privado en la economía venezolana. De acuerdo con estimaciones oficiales, el organismo evaluará más de 300 empresas públicas, algunas de las cuales podrían ser transferidas total o parcialmente a inversionistas privados.
Esta política apunta a reactivar sectores paralizados y mejorar los niveles de producción mediante esquemas de gestión más flexibles y eficientes.
Durante el encuentro, Rodríguez detalló que la estrategia se centrará en cuatro vertientes críticas: la identificación de activos estratégicos, la detección de bienes prescindibles para el Estado, la creación de alianzas público-privadas y la liquidación de aquellas empresas que ya no resulten productivas. Este último punto busca el «aprovechamiento» de los recursos remanentes de industrias que actualmente representan una carga administrativa sin generar beneficios al desarrollo sostenible.
La medida abre formalmente la puerta a una mayor participación del capital privado. Se estima que la comisión revisará una lista de más de 300 empresas públicas que podrían ser transferidas, de forma parcial o total, a manos de inversores particulares, una política que busca revertir la parálisis operativa en diversos sectores.
Equipo mixto: político, técnico y empresarial
La Comisión de Evaluación de Activos Públicos está integrada por representantes del área económica, jurídica e industrial del país, combinando perfiles técnicos, políticos y gremiales.
Entre sus miembros destacan Calixto Ortega, Anabel Pereira, Luis Villegas, Aranny Seijo y Ángel Prado. Además, se incorpora la visión del sector privado a través del dirigente industrial Luigi Pisella, lo que refuerza el enfoque de cooperación entre el Estado y la empresa privada.
Nuevo enfoque económico
Con esta medida, el Ejecutivo nacional apuesta por un modelo que prioriza la operatividad y la eficiencia sobre la propiedad estatal masiva, en un intento por transformar la estructura productiva del país y dinamizar la economía.
La creación de esta comisión marca un paso significativo hacia la revisión integral del aparato empresarial del Estado, en medio de los desafíos económicos que enfrenta Venezuela.
Manuel Arends