El gobierno de Donald Trump ha solicitado a la Corte Suprema de Estados Unidos que ponga fin al Estatus de Protección Temporal (TPS) para más de 300,000 venezolanos. El Departamento de Justicia argumenta que permitirles permanecer en el país es «contrario al interés nacional» y ha pedido que se anule el fallo de un juez federal en San Francisco, Edward Chen. Este juez había determinado que la administración actuó de manera indebida al intentar cancelar las protecciones del TPS.
La Corte de Apelaciones del Noveno Circuito ya había respaldado la decisión del juez Chen, dando a los venezolanos una prórroga para mantener su estatus hasta octubre de 2026 y evitando el riesgo de deportación inmediata. Sin embargo, el procurador general John Sauer insiste en que los tribunales inferiores están ignorando las decisiones de la Corte Suprema, que en mayo ya había apoyado una acción similar de la administración Trump para retirar el TPS a otro grupo de venezolanos.
La solicitud del gobierno acusa a los tribunales de bloquear la aplicación de políticas migratorias y de basar sus fallos en «teorías legales sin mérito». El fallo del juez Chen, por su parte, defendió la continuidad del programa y acusó al Departamento de Seguridad Nacional de actuar con un «odio sin precedentes». El TPS permite a sus beneficiarios vivir y trabajar legalmente en Estados Unidos y los protege de la deportación, basándose su designación en las condiciones del país de origen.
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