El Gobierno del presidente Donald Trump presentó una propuesta reglamentaria que facultaría a los jueces de inmigración a imponer sanciones civiles de entre 1.000 y 3.500 dólares por desacato a las órdenes judiciales. La medida aplica para los propios inmigrantes, sus abogados y testigos.
La normativa, impulsada por la Oficina Ejecutiva para la Revisión de Casos de Inmigración (EOIR), permitiría estas sanciones económicas por primera vez en las cortes migratorias. Sin embargo, la regla publicada en el Registro Federal exime de cualquier sanción a los fiscales del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), lo que ha desatado una ola de críticas por parte de expertos legales.
Críticas por sesgo e intimidación
Gregory Chen, director de relaciones gubernamentales de la Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración (AILA), calificó la medida como «totalmente sesgada» en declaraciones a la cadena CBS. Según Chen, la norma representa un nuevo intento de atacar a los litigantes, «en consonancia con las tácticas de intimidación» de la administración.
Defensores de los derechos civiles recuerdan que los tribunales de inmigración operan bajo la órbita del Poder Ejecutivo (Departamento de Justicia) y no del Poder Judicial independiente, lo que permite al Gobierno modificar sus reglas operativas de forma discrecional.
Parte de un paquete de sanciones económicas
La propuesta ha entrado en un periodo de consulta pública de 60 días antes de su eventual aprobación.
Esta iniciativa se suma a una agresiva estrategia de sanciones financieras contra la población migrante. Según datos reportados por The New York Times, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ha enviado notificaciones a más de 100.000 extranjeros informándoles sobre cobros de 998 dólares por cada día que hayan permanecido en el país tras haber recibido una orden de deportación. En casos extremos, algunas multas acumuladas han superado los 1,8 millones de dólares.