El gobierno de Estados Unidos exigirá fianzas de 10.000, 15.000 o 20.000 dólares a ciudadanos de cerca de 50 países que soliciten visas de turismo y negocios (B-1/B-2), como parte de una nueva medida destinada a reducir la permanencia irregular de visitantes en territorio estadounidense.
La disposición fue oficializada este viernes por el Departamento de Estado mediante su publicación en el Registro Federal y entrará en vigor el próximo lunes.
Venezuela figura entre los países afectados
La medida forma parte de un programa piloto implementado en agosto del año pasado y afectará principalmente a solicitantes de países de África occidental y oriental, entre ellos Benín, Cabo Verde, Nigeria, Etiopía y Uganda.
En América, los ciudadanos de Cuba, Granada, Nicaragua y Venezuela también estarán sujetos al nuevo requisito, de acuerdo con información reseñada por EFE.
¿Cómo funcionarán las fianzas para las visas?
Según el Departamento de Estado, los funcionarios consulares tendrán la facultad de determinar si un solicitante debe presentar una fianza y establecer su monto, que podrá ser de 10.000, 15.000 o 20.000 dólares, dependiendo de cada caso.
El dinero será depositado bajo custodia del Departamento del Tesoro y del Departamento de Estado, y será reembolsado una vez que el visitante abandone Estados Unidos dentro del período autorizado por su visa.
Gobierno de EE. UU. busca reducir la permanencia irregular
La administración estadounidense aseguró que la medida pretende disminuir los casos de personas que ingresan legalmente al país y permanecen más tiempo del permitido.
Según cifras oficiales, durante el primer año del programa piloto se identificaron unas 20.000 solicitudes sujetas al pago de una fianza.
Como resultado:
- Cerca del 50 % de los solicitantes desistió de continuar el trámite al conocer el requisito económico.
- La emisión de visas de turismo y negocios en los países incluidos en el programa cayó un 83 %, de acuerdo con el Departamento de Estado.
Organizaciones cuestionan la medida
Diversas organizaciones defensoras de los derechos de los migrantes criticaron la decisión al considerar que establece una barrera económica para acceder a vías legales de ingreso a Estados Unidos.
Los colectivos sostienen que las fianzas afectan de manera desproporcionada a ciudadanos de países en desarrollo y califican la medida como un mecanismo que podría restringir el acceso equitativo al sistema de visas.