A casi un mes del evento sísmico del 24 de junio, el gobernador José Alejandro Terán detalló la situación de la entidad. La administración regional reporta un impacto severo en su estructura con la pérdida de nueve directores generales, afectaciones en las viviendas y familias de 700 funcionarios policiales.
El balance de servicios básicos muestra la restitución del 96% del sistema eléctrico y un 84% del suministro de agua potable. Para garantizar el orden público y las labores de rescate, el estado cuenta con un despliegue total de 30.000 efectivos, cifra que incluye a policías, militares y rescatistas internacionales. Asimismo, el censo comercial identificó 1.750 establecimientos que permanecen en pie y requieren apoyo financiero para la reposición de inventarios.
La estrategia habitacional prioriza el Registro Único de Viviendas y el refuerzo estructural de edificios con fallas para evitar demoliciones innecesarias. El plan de gestión oficial comprende tres fases consecutivas: atención de la emergencia, recuperación de infraestructura y un plan maestro para la reconstrucción total de la región.