El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, anunció este domingo a través de su cuenta oficial de Instagram que el Ministerio Público ha iniciado una investigación contra un centro spa ubicado en el Centro Comercial Ciudad Tamanaco (CCCT), en Caracas, tras la denuncia de una presunta cámara espía instalada en un cubículo de depilación láser.
Saab informó que la Fiscalía 82ª Nacional, especializada en la Defensa de la Mujer, fue designada para llevar adelante las pesquisas y sancionar a los responsables del hecho denunciado por la abogada Karolayn Sánchez, quien difundió un video en redes sociales detallando la situación.
Según el fiscal, se descubrió que en el local operaban dispositivos de grabación que captaban imágenes de clientes, principalmente mujeres, durante servicios íntimos como depilación corporal, poniendo en riesgo su integridad física y moral.
La denuncia se originó tras una cita realizada el pasado viernes 8 de agosto, cuando una joven acudió al spa para un procedimiento de depilación en la zona íntima. De acuerdo con el testimonio presentado en el video, la paciente encontró una cámara oculta, «del tamaño de una moneda», situada en una esquina del cubículo y orientada directamente hacia la camilla, donde las clientes deben desnudarse completamente para realizar el tratamiento.
La joven, visiblemente afectada, informó inmediatamente a su acompañante, quien confrontó al personal del establecimiento. Inicialmente, una de las responsables negó la existencia del dispositivo, pero minutos después otra socia, en comunicación remota, reconoció la cámara alegando que fue instalada por “motivos de seguridad” porque en ese cubículo se guardaba dinero.
Además, fue localizado un equipo de grabación (DVR) oculto en el techo del local. Según la denuncia, las cámaras habrían estado operativas desde mayo, capturando imágenes sensibles de mujeres desnudas, incluyendo supuestamente a menores de edad, durante procedimientos íntimos como depilaciones y tratamientos de blanqueamiento.
El caso se encuentra bajo estricta investigación por parte del Ministerio Público, que busca garantizar justicia y proteger la privacidad y derechos de las víctimas.