El fiscal general de la República, Tarek William Saab, y el defensor del Pueblo, Alfredo Ruiz, presentaron este miércoles su renuncia formal ante la Asamblea Nacional de Venezuela, según confirmaron fuentes parlamentarias.
De acuerdo con la información oficial, la directiva del Parlamento recibió las comunicaciones enviadas por ambos altos funcionarios, en las que ponen sus cargos a la orden para que se inicie el proceso correspondiente de sustitución.
📌 Activan Comité de Postulaciones
Tras la recepción de las renuncias, la Asamblea Nacional acordó convocar al Comité de Postulaciones con el fin de iniciar el proceso para la designación de los nuevos titulares del Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo.
Según la información emanada del parlamento de mayoría oficialista, se procederá a designar a un “encargado” para ambos despachos de manera inmediata.
Este mecanismo forma parte del procedimiento constitucional para la selección de altas autoridades del Poder Ciudadano en Venezuela.
🗳️ Designaciones recientes
Tanto Saab como Ruiz habían sido ratificados en sus cargos por el Parlamento venezolano luego de un concurso público de credenciales realizado en octubre de 2024, proceso en el que participaron varios aspirantes.
La eventual designación de nuevas autoridades abriría un nuevo escenario institucional dentro del Poder Ciudadano, en un momento de cambios políticos y administrativos en el país.
Hasta ahora, no se han anunciado oficialmente los nombres de los posibles sustitutos ni el cronograma formal del proceso de evaluación.
Tarek William Saab estuvo frente al Ministerio Público desde 2017, luego de la salida de Luisa Ortega Díaz.
Estando al frente del Ministerio Público abrió investigaciones contra cientos de opositores, periodistas y activistas, con casos emblemáticos como los líderes opositores María Corina Machado y Edmundo González. Además, organismos internacionales, entre ellos Human Rights Watch y Amnistía Internacional, han documentado detenciones arbitrarias, torturas y el uso del sistema penal como herramienta de represión, con al menos 18 muertes en custodia registradas durante su gestión.