La ONG Foro Penal informó este sábado, 31 de agosto, que 30 adolescentes habrían sido excarcelados en las últimas horas en Táchira, Portuguesa, Lara, Bolívar y Yaracuy, tras haber pasado días detenidos por su participación en las protestas postelectorales.
El vicepresidente de la Organización, Gonzalo Himiob, fue el encargado de comunicar la noticia y actualizar el balance de jóvenes tras las rejas, que llegó a superar el centenar.
“Tras audiencias realizadas en Táchira (oeste) y Portuguesa (oeste), son excarcelados bajo medidas cautelares 12 adolescentes (hombres) y una adolescente (mujer) en Táchira, y cinco adolescentes (hombres) en Portuguesa”, indicó en un mensaje en redes sociales, precisando que, de momento, son 80 los menores detenidos.
Además, este mismo 31 de agosto, Himiob precisó que fueron excarcelados otros menores de edad en Lara, Bolívar y Yaracuy.
Medios del estado Lara informaron que «al menos 20 adolescentes de entre 14 y 17 años de edad estaban recluidos en el Centro Socioeducativo Pablo Herrera Campins, más conocido como Retén de El Manzano, ubicado al sur de la ciudad de Barquisimeto».
Previamente, la ONG ya había informado la excarcelación de otros 16 adolescentes, cuatro mujeres y 12 hombres, esta vez en Caracas. También habían sido “encarcelados en el contexto de las protestas” desatadas después del fraude electoral del 28 de julio, y fueron puestos en libertad “bajo medidas cautelares”.
Según Foro Penal, previo al 29 de julio, cuando se conocieron las primeras víctimas de la represión del aparato de seguridad de Nicolás Maduro, “no había adolescentes detenidos”.
Según Foro Penal, previo al 29 de julio “no había adolescentes detenidos”, lo que expuso la escalada en la violencia del oficialismo contra el pueblo (AP)
A la par, la Organización denunció, en las últimas horas, el traslado irregular de algunos presos en el estado insular de Nueva Esparta.
“Familiares desconocen el lugar dónde los llevan. Indican avión preparado para traslado fuera de la isla de Margarita”, publicaron este viernes en X y advirtieron que “las autoridades, al no informar a los detenidos y a sus familiares a dónde los van a trasladar, están incurriendo en una violación de la Constitución”.
También, señalaron que a los detenidos no se le respeta su derecho a la legítima defensa, con abogados privados, por lo que son obligados a aceptar la representación del Estado, en procesos judiciales poco transparentes.
“En la mayoría de los casos de las detenciones en el contexto postelectoral, se ha impedido a los detenidos nombrar a abogados de su confianza”, escribieron.