La exesposa de Gustavo Petro está bajo el foco público por una indagación preliminar de la Fiscalía, las acusaciones de su antigua asesora Eva Ferrer y las sanciones impuestas por Estados Unidos. Ninguno de los señalamientos mencionados ha derivado en una condena contra ella.
Verónica Alcocer, exesposa del expresidente colombiano Gustavo Petro, enfrenta nuevos cuestionamientos públicos por presuntas irregularidades relacionadas con recursos, contratación estatal y supuestas gestiones ante entidades gubernamentales. Las acusaciones volvieron a cobrar fuerza tras las declaraciones de Eva Ferrer, quien fue asesora de Alcocer y ocupó un cargo en el Gobierno colombiano.
De acuerdo con un recuento publicado por Minuto60 el 10 de octubre, el caso reúne una indagación preliminar de la Fiscalía General de la Nación, señalamientos sobre presuntos manejos de dinero y contratos públicos, y la inclusión de Alcocer en la lista de sancionados de Estados Unidos conocida como Lista Clinton.
Sin embargo, es importante distinguir entre las acusaciones divulgadas públicamente, las actuaciones preliminares de las autoridades y los hechos que hayan sido judicialmente probados.
Las acusaciones de Eva Ferrer contra Verónica Alcocer
Uno de los episodios más recientes se originó en una entrevista concedida por Eva Ferrer a la periodista Vicky Dávila, publicada por la revista Semana.
Ferrer señaló a Alcocer como presunta cabeza de una estructura en la que, según su versión, se habrían producido negocios irregulares durante el Gobierno de Petro. También mencionó supuestas entregas de dinero, cobros por reuniones y posibles gestiones relacionadas con cargos y contratos en entidades públicas.
Entre sus declaraciones, la exasesora relató información que, según afirmó, recibió de terceros sobre un viaje a Venezuela realizado en enero de 2023. Sostuvo que durante ese desplazamiento se habrían trasladado 2,5 millones de dólares y vinculó parte de ese dinero con la campaña política de Mario Fernández Alcocer, primo de la ex primera dama.
Ferrer también hizo afirmaciones sobre un supuesto traslado de drogas en una aeronave oficial. No obstante, reconoció que algunos de los hechos que relató no los presenció directamente y que conoció esos detalles a través de intermediarios.
Por tanto, estas declaraciones constituyen señalamientos pendientes de verificación y no prueban por sí solas la comisión de delitos.
Eva Ferrer señaló a Verónica Alcocer por presuntos viajes a Venezuela en aviones oficiales en los que, según su versión, se habría transportado droga y movilizado dinero. También afirmó que durante esos desplazamientos habrían ingresado a Colombia 2,5 millones de dólares en efectivo, supuestamente destinados a financiar la campaña política de Mario Fernández Alcocer, primo de la ex primera dama. Además, mencionó posibles operaciones de lavado de activos en España e Italia mediante la compra de inmuebles de alto valor, incluida una residencia de tres millones de euros. Estos señalamientos no constituyen hechos probados y requieren verificación por parte de las autoridades.
La exconsejera presidencial mencionó una presunta red de testaferros y mencionó a personas cercanas a Alcocer como Carolina Plata, Danilo Romero, Enrico Romagnoli y Fabio Mascialino, quienes al parecer eran designados para administrar bienes, cubrir compras de lujo y figurar como propietarios de inmuebles.
Eva Ferrer le contó al medio mencionado que en algún momento recibió llamadas advirtiéndole que el entorno de Alcocer estaba relacionado con tráfico de armas e intermediarios italianos.
“En el momento que me dicen: ‘Eva, estás loca, que aquí hay tráfico’, me ubican; es por haber hablado de los italianos… A mí cuando me dicen: ‘Tú estás loca, quieres que te peguen un tiro’; sí, es tráfico de armas”, relató la exconsejera, mencionando a los empresarios Enrico Romagnoli y Fabio Mascialino como las supuestas figuras centrales de este esquema.
¿Qué investiga la Fiscalía colombiana?
Según Minuto60, la Dirección Especializada contra la Corrupción de la Fiscalía recibió el caso el 5 de agosto de 2026 para evaluar si existen elementos que justifiquen avanzar hacia una investigación formal.
La defensa de Alcocer había consultado previamente a la Fiscalía sobre su situación jurídica. Según la información publicada, la entidad respondió que no registraba procesos penales abiertos contra ella en los sistemas consultados.
Alcocer, por su parte, rechazó las acusaciones en una carta enviada el 3 de agosto a la fiscal general, Luz Adriana Camargo. En esa comunicación sostuvo que los señalamientos carecían de fundamento y manifestó su disposición a colaborar con la justicia.
La indagación preliminar deberá determinar si existen elementos verificables que respalden las denuncias y permitan establecer posibles responsabilidades.
Los vuelos oficiales y el caso Ecopetrol
Otro de los puntos que generó controversia fue la publicación de registros de vuelos atribuidos a Alcocer. Según documentos divulgados por Semana y reseñados por Minuto60, se contabilizaron 149 viajes entre agosto de 2022 y julio de 2026, de los cuales 137 se habrían realizado en aeronaves de la Fuerza Aérea y la Policía.
Entre esos desplazamientos figura un viaje a Venezuela en enero de 2023. La existencia de estos registros, por sí sola, no demuestra que se hayan cometido delitos durante los trayectos.
Además, el caso se relaciona con una grabación en la que aparecen el empresario Manel Grau, el entonces presidente encargado de Ecopetrol, Juan Carlos Hurtado, y un contratista. En el audio se escuchan conversaciones sobre nombramientos y contratos de la petrolera estatal.
Tras la publicación de la grabación, Hurtado renunció y la junta directiva de Ecopetrol ordenó una auditoría forense interna sobre contratos y designaciones. La empresa sostuvo que Grau no participó en los nombramientos cuestionados.
¿Por qué Verónica Alcocer está en la Lista Clinton?
El 24 de octubre de 2025, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos incluyó a Alcocer en su lista de sancionados, junto con Gustavo Petro, Nicolás Petro y Armando Benedetti, según el recuento de Minuto60.
Estas medidas implican restricciones sobre bienes e intereses patrimoniales sujetos a la jurisdicción estadounidense. La inclusión en esa lista constituye una sanción administrativa y no equivale, por sí misma, a una condena penal dictada por un tribunal.
En otro frente, el exsecretario de Transparencia colombiano Camilo Enciso solicitó en noviembre de 2025 que las autoridades anticorrupción de Suecia evaluaran la posibilidad de investigar un presunto soborno extranjero relacionado con la compra de aviones Gripen. En su denuncia mencionó la estadía de Alcocer en Estocolmo, aunque aclaró que su presentación no afirmaba que se hubiera cometido un delito.
Un caso pendiente de aclaración judicial
Los cuestionamientos contra Verónica Alcocer también incluyen controversias anteriores sobre nombramientos y contratos de personas de su entorno durante el Gobierno de Petro. Entre ellas figuran las críticas a la designación de Concepción Baracaldo al frente del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y los contratos suscritos por el coreógrafo Adolfo Martínez, conocido como Nerú.
Estos antecedentes han alimentado el debate público sobre la influencia de la ex primera dama en la administración anterior, pero deben analizarse de acuerdo con las actuaciones y pruebas específicas de cada caso.
Por ahora, el punto central es que las acusaciones de Eva Ferrer y los demás cuestionamientos requieren verificación por parte de las autoridades competentes. La situación jurídica de Alcocer no debe confundirse con las declaraciones de terceros ni con la existencia de una indagación preliminar.
La evolución de las actuaciones de la Fiscalía y las respuestas de las personas mencionadas serán determinantes para establecer si los señalamientos dan lugar a investigaciones formales o a otras decisiones judiciales.