El candidato presidencial Edmundo González, rechazó este miércoles, 7 de agosto, acudir al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), y fijó una posición al respecto.
A través de sus redes sociales compartió una carta en la que señala que “las atribuciones constitucionales y legales del Poder Electoral están siendo desconocidas y han sido incumplidas de manera flagrante (art. 293 de la Constitución y 33, entre otros, de la Ley Orgánica del Poder Electoral).
El Consejo Nacional Electoral (CNE) no ha llevado a cabo las tareas que le corresponden en relación con el proceso comicial dirigido a elegir al Presidente de la República para el periodo 2025-2031”.
Asimismo, enfatizó “no se ha producido debidamente una totalización oportuna y basada en actas de escrutinio puestas a disposición de las organizaciones políticas y candidatos participantes, ni se han realizado todas las auditorías ordenadas por la normativa vigente”.
En este sentido recalcó “más aún, la Sala Electoral no puede usurpar las funciones constitucionales del Poder Electoral y “certificar” unos resultados que aún no han sido producidos de acuerdo con la Constitución y la ley, con acceso de los participantes a las actas originales que sirvan de fundamento a una totalización y proclamación y con las debidas auditorías. No puede la Sala Electoral incurrir en coadministración electoral con el CNE, tal como lo ha establecido la jurisprudencia constitucional del propio Tribunal Supremo de Justicia”.
“Se me cita por los medios de comunicación a una comparecencia, pero ¿En qué tipo de procedimiento se pretende que intervenga? ¿Dónde está prevista una audiencia o trámite inquisitorio ante la Sala Electoral para certificar resultados y para determinar preliminarmente la existencia de supuestas responsabilidades penales? ¿Por qué se desconocen las facultades inquisitorias del CNE, que de acuerdo con la jurisprudencia constitucional son exclusivas? ¿Qué alcance pretende tener el interrogatorio al cual quieren someterme?”, agregó.
González aseguró “si acudo estaré en indefensión y violación del debido proceso, y pondré en riesgo no solo mi libertad si no la voluntad del pueblo expresada el 28 de julio”.
