Con la muerte de Jorge Antonio Escalona, de 42 años, ocurrida la mañana del domingo 24 de noviembre suman dos los detenidos contagiados con tuberculosis en celda del D-113 de la Guardia Nacional Bolivariana,ubicado en Cabimas  en la Costa Oriental del Lago.

El primero fue «Elwin Mendoza, de 34 años, falleció a consecuencia de una insuficiencia respiratoria aguda, tuberculosis pulmonar en estudio, neumonía bilateral que contrajo que contrajo en el mismo lugar y que fue denunciado en esa oportunidad por la diputada de la Asamblea Nacional, Desiree Barboza.

Escalona  se encontraba preso por el delito de robo agravado. Del referido destacamento fue remitido al Hospital Pedro García Clara, en Ciudad Ojeda y allí falleció. Mientras que Elwis Mendoza fue privado de su libertad el pasado 23 de febrero durante una manifestación pacífica en el municipio Cabimas junto a otras 13 personas. Estuvo recluido aproximadamente 20 días en un calabozo insalubre y hacinado en el Destacamento 113, donde se presume que contrajo la enfermedad. Su estado de salud era complicado requería una Unidad de Cuidados Intensivos y el Hospital de Cabimas no tenía este servicio, falleciendo en el mes de marzo.

Calabozos: cultivos de bacterias

Durante el año 2018, en los 174 calabozos estudiados en quince regiones del país por Una Ventana a la Libertad, el número de muertes de personas bajo custodia fue de 305 casos. Asimismo, se conoció que la primera causa de muertes violentas fue por motines, seguido por intentos de fuga, enfrentamientos, suicidio y causas desconocidas.

Mientras que la  tuberculosis fue responsable de 38% de los fallecidos en centros de reclusión. Zulia y Lara  registraron la mayor tasa de mortalidad, según un estudio de la ONG, Una Ventana A la Libertad.  

“De las 117 muertes a causa de esta enfermedad, 71% se produjo en el segundo semestre del año, siendo los estados Zulia y Lara los que registraron la mayor tasa de mortalidad, explicó el documento.

El primer informe semestral de 2019 de Una Ventana a la Libertad señaló, que los enfermos en centros de detención no tienen procedimientos especiales ni son aislados de los que están sanos. Según su investigación, en 204 calabozos de 16 estados del país hay enfermedades de carácter infectocontagiosas como tuberculosis. Durante los primeros seis meses identificaron 123 casos, es decir, 40 % de los detenidos contagiados. En la Gran Caracas 100 % de los centros tiene esta condición.

Otras enfermedades que padecen los presos son paludismo, dengue, diarrea, abscesos, gripes y manchas en la piel. También registran casos con piojos.

“No hay agua, no hay condiciones de aseo, no hay quien recoja las heces fecales. Por reducido espacio deben turnarse para dormir, hay sarna, hay tuberculosis pero además hay presos que tienen enfermedades crónicas que tampoco reciben tratamiento”.

Estas condiciones produjeron que las enfermedades dentro de los centros de reclusión preventiva sean uno de los motivos de muerte para quienes han pasado hasta cinco años en la espera de un juicio.

Arbitraria decisión

La arbitraria decisión de la ministra de Servicios Penitenciarios, Iris Valera,  de no permitir el traslado de reclusos a las cárceles hasta que estén en la fase de juicio ha generado hacinamiento grave en las sedes del Cicpc, la PNB y las policías municipales de Caracas y en el resto del país.

Entre el momento en que una persona es detenida por la comisión de algún delito y su traslado a una cárcel pueden transcurrir por lo menos 50 días, tomando en cuentas los lapsos establecidos en el Código Orgánico Procesal Penal venezolano, que estipula que el detenido debe ser presentado ante un tribunal de Control antes de las 48 horas de su aprehensión, para ser imputado por el Ministerio Público, y que la Fiscalía tiene hasta 45 días para presentar la acusación formal en su contra. Es después de esta fase del proceso que se inicia el juicio.

Magaly Huggins, investigadora de Una Ventana a la Libertad, aseguró que el hacinamiento es la principal causa de los problemas dentro de estos recintos y, por ende, de las enfermedades infectocontagiosas que padecen los detenidos. «Estas   áreas no tienen infraestructura ni personal capacitado para albergar una gran cantidad de personas por tanto tiempo» así lo reseño Crónica Uno.

«Por todo se atrasa. Las audiencias son diferidas porque se retiró la juez, no fue el testigo del homicidio, porque a él no lo llevan los policías, porque no hay transporte para el traslado, porque no fue alguien, por cualquier cosa la difieren”.