Un hombre de 34 años fue presentado este miércoles 26 de agosto ante un tribunal de Yaracuy y quedó privado de libertad por su presunta responsabilidad en el asesinato de Armando Segundo Hernández Araujo, de 52 años, ocurrido el pasado domingo 23 de agosto en el sector Jaime, municipio Cocorote.
Durante la audiencia de presentación, el Ministerio Público imputó al detenido por el delito de homicidio intencional con alevosía por motivos fútiles. El tribunal acordó mantenerlo bajo custodia en la sede de la delegación municipal San Felipe del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC).
De acuerdo con las investigaciones preliminares, el presunto agresor habría actuado por venganza debido a problemas personales con la víctima. Según las autoridades, ingresó a la vivienda de Hernández Araujo y lo atacó con un machete, provocándole heridas en el cuello, la cabeza y el brazo derecho.
El hombre de 52 años murió en el lugar como consecuencia de las lesiones. Tras el ataque, el sospechoso abandonó la vivienda y posteriormente fue detenido por funcionarios policiales, luego de que varios testigos presuntamente lo identificaran como el responsable del crimen.
Las autoridades también constataron que el detenido registra antecedentes en el Sistema Integral de Información Policial (Siipol). Asimismo, las investigaciones señalan que el sospechoso habría mantenido previamente una relación de cercanía con la víctima.
Víctima era conocida por su trabajo en la ganadería
Hernández Araujo era conocido en el sector Jaime y otras zonas de Cocorote por su experiencia en actividades ganaderas. Durante años trabajó en reconocidas fincas del estado Yaracuy, principalmente en labores relacionadas con la cría de ganado vacuno.
Como parte del proceso judicial, se espera que en un lapso de hasta 45 días el tribunal fije la fecha de la audiencia preliminar, en la que se determinará la continuidad del proceso y la situación jurídica del acusado.
Mientras avanza la investigación, el detenido permanecerá recluido en la sede del CICPC San Felipe hasta que las autoridades penitenciarias gestionen su traslado a un recinto carcelario de otro estado, donde deberá continuar a disposición del tribunal.