Cinco funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) fueron detenidos luego de las denuncias por un presunto allanamiento ilegal, actos de extorsión y la aprehensión de al menos 33 hombres en un establecimiento de entretenimiento frecuentado por la comunidad LGBTI en Barquisimeto, estado Lara.
El procedimiento ocurrió el pasado sábado 30 de mayo y generó una ola de denuncias por parte de organizaciones defensoras de derechos humanos, activistas y personas afectadas, quienes señalaron que varios agentes policiales, vestidos de civil, ingresaron al local y sometieron a los presentes a presuntos actos de discriminación, humillación y extorsión.
Según testimonios divulgados por las víctimas, los funcionarios habrían acusado a los asistentes de “ejercer el delito de la homosexualidad”, además de exigir pagos para permitir su liberación. De manera extraoficial, se indicó que los detenidos recuperaron su libertad horas después tras realizar transferencias a través de la plataforma Zelle.
Hasta el momento, las autoridades no han precisado cuántos funcionarios participaron en el operativo ni el alcance total de las presuntas irregularidades denunciadas, entre ellas allanamiento ilegal, robo, extorsión y maltrato verbal contra los presentes.
Ministerio Público abrió investigación
Tras la repercusión nacional del caso, el Ministerio Público informó la apertura de una investigación penal contra cinco funcionarios de la PNB presuntamente involucrados en los hechos. Asimismo, confirmó que los agentes fueron puestos a la orden de la Fiscalía y serán presentados ante un tribunal de control.
A través de un comunicado oficial, el organismo indicó que fueron designadas la Fiscalía 21 del estado Lara y la Fiscalía 98 Nacional con competencia en materia de derechos humanos y diversidad de género para adelantar las investigaciones correspondientes.
Por su parte, la Policía Nacional Bolivariana aseguró que activó sus mecanismos internos de control para determinar responsabilidades y colaborar con el proceso judicial.
El Ministerio Público también reiteró su compromiso con la protección de los derechos humanos y aseguró que continuará velando por el respeto y la no discriminación de todas las personas en el país.
Organizaciones denuncian criminalización y violencia contra la comunidad LGBTI
Diversas organizaciones, entre ellas el Observatorio Venezolano de Violencias LGBTIQ+, Caleidoscopio Humano y el Movimiento Somos, rechazaron lo ocurrido y denunciaron que el procedimiento no solo vulneró derechos fundamentales, sino que además expuso a las víctimas a situaciones de humillación pública y discriminación.
El activista Romario Sánchez, integrante del Movimiento Somos, señaló que este tipo de procedimientos se han repetido en distintos estados del país durante los últimos años. Según indicó, desde 2020 se han registrado al menos ocho allanamientos o intervenciones en locales frecuentados por personas de la diversidad sexual en ciudades como Caracas, Maracaibo, Valencia y Mérida.
El caso ha reavivado el debate sobre la protección de los derechos de la comunidad LGBTI en Venezuela y ha generado llamados de organizaciones civiles para que las investigaciones determinen responsabilidades y se garantice justicia para las víctimas.
El equipo de la Comisión de Sexodiversidad formalizó el caso tras recibir los testimonios de los afectados, quienes describieron una serie de atropellos ejecutados por los cuerpos actuantes. Según la denuncia institucional, el operativo careció de los elementos mínimos del debido proceso y se fundamentó en la discriminación.
«Hicieron un procedimiento fuera del marco jurídico legal, violentando a la sexodiversidad, amedrentándolos y ofendiéndolos. Hubo una privativa ilegítima de la libertad, puesto que los jóvenes estuvieron detenidos desde las 4:00 de la tarde hasta las 2:00 de la mañana. Asimismo, denunciamos una grave invasión a la vida privada, ya que entre los retenidos se encontraban muchachos con una orientación sexual que sus padres aún desconocían, vulnerando su derecho a la intimidad».
Un antecedente que marcó precedentes
Los hechos recuerdan lo ocurrido en julio de 2023 en Valencia, estado Carabobo, cuando 33 hombres fueron detenidos en un establecimiento dirigido a la comunidad diversa bajo acusaciones de ultraje al pudor, agavillamiento y contaminación sónica. Tras fuertes cuestionamientos de organizaciones nacionales e internacionales, los detenidos fueron excarcelados días después.
El nuevo caso ocurrido en Barquisimeto vuelve a colocar bajo la lupa las denuncias sobre discriminación, abuso de autoridad y vulneración de derechos contra integrantes de la comunidad LGBTI en Venezuela.
