Funcionarios de la División de Investigaciones de Hurto del CICPC detuvieron a Roberto Carlos Bermúdez Pérez (56 años) y Alexa Rebeca Fonseca Miranda (27), quienes ofrecían y comercializaban de forma fraudulenta un servicio de internet en el sector Carapita, parroquia Antímano, municipio Libertador del Distrito Capital.
Los detenidos fueron señalados por los delitos de oferta engañosa y uso ilegal de las telecomunicaciones, ya que operaban un sistema de conexión sin la debida autorización de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel).
De acuerdo con el informe policial, la pareja administraba una red clandestina que proporcionaba servicios de internet a través de fibra óptica y antenas de radioenlace, sin contar con licencia de operación ni control técnico, lo que representaba un riesgo para los usuarios y un perjuicio económico para el Estado venezolano.
Las investigaciones de campo determinaron que este esquema ilegal constituía no solo una oferta engañosa hacia las víctimas —quienes contrataban un servicio sin respaldo legal ni garantía de calidad—, sino también una usurpación del espectro radioeléctrico nacional, considerado un recurso estratégico del país.
Asimismo, se comprobó que los implicados hacían uso indebido de las Vías Generales de Telecomunicaciones Aéreas (VGT) pertenecientes a la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec), aprovechando su infraestructura para montar conexiones y distribuir la señal con fines lucrativos.
Durante el procedimiento policial fueron incautados equipos tecnológicos y dispositivos de red empleados para la prestación ilegal del servicio.
El caso fue remitido a la Fiscalía 23° del Ministerio Público del Área Metropolitana de Caracas, con competencia en Delitos Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, mientras continúan las investigaciones para determinar si existen otros implicados en esta red clandestina.
Las autoridades reiteraron su llamado a la ciudadanía a contratar servicios de telecomunicaciones únicamente con empresas autorizadas por Conatel, a fin de evitar ser víctimas de estafas o conexiones ilegales que afectan la seguridad y estabilidad de las redes nacionales.