El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) denunció este miércoles 22 de abril la muerte de Rosqui Norberto Escalon, de 71 años de edad, quien se encontraba recluido en el Centro Penitenciario David Viloria, conocido como Uribana, en Barquisimeto. Con este caso, suman tres personas privadas de libertad fallecidas bajo custodia del Estado en un lapso de menos de 48 horas.
A través de un comunicado difundido en redes sociales, la organización señaló que el septuagenario murió “bajo condiciones de absoluta crueldad”, en medio de un cuadro de salud que requería atención médica especializada.
Traslados cuestionados y falta de atención médica
De acuerdo con el OVP, Escalon presentó complicaciones de salud desde el pasado fin de semana, lo que motivó su traslado al Hospital Central Universitario Antonio María Pineda. Sin embargo, fue retornado al recinto penitenciario sin haber logrado una mejoría clínica.
Al día siguiente, su condición se agravó, por lo que debió ser trasladado nuevamente de emergencia al centro de salud. Testigos citados por la organización aseguraron que funcionarios encargados de su custodia habrían presionado al personal médico para otorgar el alta de forma inmediata, pese a la gravedad del paciente.
El Observatorio indicó que el recluso falleció durante el trayecto de regreso al penal, lo que atribuyó a la falta de atención médica oportuna.
“Rosqui murió en el trayecto de regreso a la cárcel. La desatención médica se cobró una vida más”, denunció la organización.
Denuncian irregularidades tras el fallecimiento
El informe también alertó sobre presuntas irregularidades posteriores a la muerte. Según el OVP, los funcionarios trasladaron nuevamente el cuerpo al hospital, donde habría sido dejado en el piso del centro asistencial antes de retirarse.
La organización calificó este hecho como una grave vulneración de la dignidad humana y una muestra de la ausencia de protocolos básicos en el manejo de personas privadas de libertad.
El OVP reiteró su llamado a las autoridades venezolanas a garantizar el derecho a la salud y la integridad física de la población penitenciaria, así como a investigar de manera transparente estos hechos.