El Observatorio Venezolano de Prisiones denunció que Júnior Rafael Velásquez Herrera, de 23 años, fue asesinado a tiros presuntamente por otro privado de libertad dentro del Centro de Coordinación Policial Guaiparo, en Bolívar.
Un joven de 23 años que permanecía detenido desde hacía aproximadamente tres años y sin una sentencia firme fue asesinado dentro de los calabozos del Centro de Coordinación Policial Guaiparo, en el estado Bolívar, según denunció el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP).
La víctima fue identificada como Júnior Rafael Velásquez Herrera. De acuerdo con la organización, el joven habría muerto tras recibir varios disparos dentro del recinto policial, en un hecho presuntamente cometido por otro privado de libertad, identificado como Richard José Hernández Álvarez, de 39 años.
El caso vuelve a poner bajo cuestionamiento las condiciones de seguridad existentes en los centros de detención preventiva venezolanos, especialmente ante la presunta presencia de un arma de fuego dentro de un recinto policial.
“¿Cómo es que hay un arma de fuego en manos de un privado de libertad?”, cuestionó el OVP al referirse al hecho.
Hacinamiento y presuntas estructuras criminales
El Observatorio señaló que Guaiparo es uno de los centros policiales del estado Bolívar que concentra una mayor cantidad de personas privadas de libertad y que enfrenta una situación crítica de hacinamiento.
La organización también aseguró haber documentado la presunta presencia de estructuras criminales y pranes dentro del recinto. Según su denuncia, los internos estarían obligados a pagar periódicamente una cantidad de dinero, denominada “causa”, para permanecer bajo determinadas condiciones dentro de los calabozos.
Estas afirmaciones forman parte de los señalamientos realizados por el OVP sobre el funcionamiento interno del centro de detención.
Preocupación por posibles traslados
Tras el asesinato, funcionarios habrían comunicado a los privados de libertad la posibilidad de realizar traslados hacia otros centros de reclusión, situación que generó preocupación entre sus familiares.
El OVP advirtió que muchos de ellos no tendrían recursos económicos suficientes para desplazarse hacia otros estados del país con el propósito de visitar a sus seres queridos.
La organización también expresó preocupación por el impacto que estos traslados podrían tener sobre los procesos judiciales, especialmente en casos de personas que permanecen privadas de libertad sin sentencia firme y que podrían quedar alejadas de los tribunales encargados de sus causas.
OVP cuestiona infraestructura penitenciaria
El Observatorio recordó que en los últimos años fueron clausurados en Bolívar el Internado Judicial de Vista Hermosa y la cárcel de El Dorado, centros que, según sus registros, representaban unas 1.150 plazas para personas privadas de libertad.
Ante el cierre de estos establecimientos, el OVP cuestionó el destino del proyecto de construcción del centro penitenciario de Marhuanta, anunciado con una capacidad aproximada para 1.500 internos.
La organización también preguntó por el avance de los trabajos de recuperación del Internado Judicial de Vista Hermosa, anunciados en 2024, y por los recursos destinados a estas obras.
Para el OVP, los anuncios relacionados con la ampliación y recuperación de la infraestructura penitenciaria no se han traducido en soluciones suficientes frente al hacinamiento y las condiciones de los centros de detención.
Exigen investigar el homicidio
Ante la muerte de Velásquez Herrera, el Observatorio Venezolano de Prisiones pidió al Ministerio Público abrir una investigación para esclarecer las circunstancias del homicidio y establecer las responsabilidades correspondientes.
Asimismo, solicitó a la Defensoría del Pueblo realizar una inspección en los calabozos de Guaiparo para verificar las condiciones en las que permanecen las personas detenidas.
El OVP insistió en la necesidad de garantizar la integridad física y los derechos humanos de los privados de libertad, así como de atender problemas como el hacinamiento, el retardo procesal y las deficiencias de seguridad en los centros de detención preventiva del país.