A partir de este jueves, 16 de octubre, el Gobierno de Estados Unidos aplicará una tarifa de 1.000 dólares a los nuevos beneficiarios del programa ‘parole’ humanitario, una medida que endurece las condiciones de acceso a este permiso temporal de residencia para migrantes y que ha generado fuertes reacciones dentro y fuera del país.
El cambio fue anunciado por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) mediante un comunicado oficial, en el que se detalla que el cargo aplicará “para cualquier extranjero que reciba un permiso de permanencia temporal en los Estados Unidos que no cumpla con una excepción específica”.
Esta nueva tarifa afectará tanto a las personas que soliciten el permiso a partir de la entrada en vigor de la medida como a aquellas que ya tengan solicitudes pendientes de aprobación.
Qué es el ‘parole’ y a quién beneficia
El ‘parole’ humanitario es un mecanismo legal que permite el ingreso temporal a Estados Unidos de personas extranjeras que no reúnen todos los requisitos para una visa o estatus migratorio formal, pero que presentan razones urgentes de tipo humanitario o de beneficio público significativo.
Este permiso ha sido fundamental para ciudadanos de países como Venezuela, Cuba, Haití y Nicaragua, quienes han podido ingresar legalmente a territorio estadounidense mientras esperan resolver sus procesos migratorios.
Los beneficiarios del programa reciben una autorización de permanencia de hasta dos años y la posibilidad de trabajar legalmente durante ese tiempo.
Sin embargo, con el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca en enero de 2025, la nueva administración republicana ha emprendido un proceso de revisión y endurecimiento de todas las vías migratorias creadas durante el gobierno anterior, incluyendo el parole humanitario.
Una tarifa que marca un giro en la política migratoria
El DHS explicó que la medida responde a un mandato contenido en la One Big Beautiful Bill, la “Gran y Hermosa Ley” aprobada por el Congreso en julio pasado, uno de los proyectos centrales de la agenda migratoria del presidente Trump.
El texto legal otorga al Ejecutivo mayores facultades para reformar los procesos migratorios, imponer tarifas, restringir permisos y acelerar deportaciones.
Según el Departamento de Seguridad Nacional, el cobro de 1.000 dólares busca “cubrir los costos administrativos” del programa y desincentivar el uso indebido del parole, al considerar que en los últimos años se había convertido en una “vía paralela” para entrar al país sin cumplir los procedimientos de asilo o residencia.
“El nuevo cargo aplicará a cualquier extranjero que reciba un permiso de permanencia temporal en los Estados Unidos, salvo que el solicitante califique para una excepción”, señala el comunicado oficial del DHS.
Excepciones contempladas por el Departamento de Seguridad Nacional
Pese a la medida general, el gobierno estadounidense estableció algunas excepciones a la tarifa de 1.000 dólares.
Entre los casos exentos se incluyen:
- Personas que requieran asistencia médica urgente en territorio estadounidense.
- Extranjeros que deban ingresar para asistir a funerales o emergencias familiares.
- Solicitantes cuya admisión suponga un beneficio público significativo, especialmente quienes colaboren o hayan colaborado con agencias de seguridad estadounidenses en asuntos de aplicación de la ley.
- Casos evaluados de manera discrecional por el Secretario de Seguridad Nacional, cuando el ingreso temporal sea considerado de interés humanitario o estratégico.
En todos los demás casos, la falta de pago de la tarifa implicará la revocación automática del permiso temporal, incluso si el beneficiario ya se encuentra físicamente en Estados Unidos.
“Si el beneficiario del programa no realiza el pago requerido al presentarse en un puerto de entrada o tras su ingreso, su permiso será cancelado”, aclaró el DHS.
Antecedentes: una propuesta impulsada por el Congreso republicano
La idea de cobrar tarifas adicionales a los trámites migratorios no es nueva.
En abril pasado, legisladores republicanos del Comité Judicial de la Cámara de Representantes propusieron un cobro de 1.000 dólares por cada solicitud de asilo, además de incrementos en otros procesos migratorios.
La propuesta fue retomada por la administración Trump dentro de la One Big Beautiful Bill, donde se establecieron nuevas tasas y procedimientos para programas de ingreso humanitario.
De esta forma, el cobro al parole se convierte en una extensión de esa política de “orden y control fronterizo” que el gobierno ha prometido aplicar de manera estricta durante su nuevo mandato.
Impacto en los migrantes latinoamericanos
El programa de parole ha beneficiado desde 2023 a más de 500.000 migrantes provenientes de Venezuela, Nicaragua, Haití y Cuba, permitiendo su ingreso legal a Estados Unidos bajo compromisos humanitarios.
Con la nueva tarifa, miles de solicitantes en estos países podrían ver limitado su acceso al programa debido al alto costo económico, especialmente en contextos donde los ingresos mensuales promedio no superan los 150 o 200 dólares.
En el caso de Venezuela, organizaciones humanitarias y de derechos migratorios han advertido que el cobro de 1.000 dólares afecta directamente a familias de bajos recursos que huyen de la crisis económica o de la persecución política.
“Esta medida convierte un programa humanitario en un privilegio para pocos. Es un muro financiero disfrazado de trámite administrativo”, señaló María Gabriela Torres, abogada especializada en derecho migratorio con sede en Miami.
Programas de parole en la mira de la Administración Trump
Desde su retorno a la Casa Blanca, Donald Trump ha buscado desmantelar o limitar drásticamente los programas de parole humanitario establecidos durante la gestión de Joe Biden, argumentando que “fomentan la migración irregular”.
En particular, el gobierno ha intentado revocar los permisos otorgados a ciudadanos de Haití, Nicaragua y Venezuela, alegando que fueron concedidos “sin supervisión suficiente” y que representan “una carga para los servicios públicos estadounidenses”.
Los intentos de modificación han generado incertidumbre entre los beneficiarios, muchos de los cuales podrían quedar en riesgo de deportación si sus permisos son anulados o no renovados.
Reacciones políticas y sociales
La nueva tarifa de 1.000 dólares ha provocado reacciones divididas.
Los sectores más conservadores del Partido Republicano celebran la medida como una forma de reducir la inmigración irregular y de “recuperar el control sobre la frontera”.
Mientras tanto, organizaciones proinmigrantes y defensores de derechos humanos la consideran una medida regresiva y excluyente.
“El parole fue diseñado para proteger vidas, no para generar ingresos. Imponer tarifas millonarias a personas en situaciones vulnerables contradice el principio humanitario del programa”, afirmó el Centro Nacional de Justicia para los Inmigrantes (NIJC).
Algunos demócratas, por su parte, han pedido al Congreso revisar la legalidad del cobro, argumentando que el DHS no debería condicionar un beneficio humanitario a la capacidad de pago del solicitante.
Qué pasará con las solicitudes en curso
El DHS aclaró que las personas que ya hayan solicitado el parole y estén a la espera de una respuesta deberán cancelar la tarifa una vez se apruebe su solicitud.
Quienes no efectúen el pago dentro del plazo establecido verán anulada automáticamente su autorización de ingreso o permanencia.
Por ahora, la agencia no ha especificado si los pagos podrán realizarse desde el extranjero ni los métodos de cobro oficiales, aunque se espera que las plataformas digitales del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) habiliten una opción específica en los próximos días.
Un nuevo obstáculo para la migración humanitaria
Con la entrada en vigor de la tarifa de 1.000 dólares para el parole humanitario, la política migratoria de Estados Unidos se endurece una vez más bajo la Administración Trump.
Aunque el gobierno sostiene que se trata de una medida “administrativa y necesaria”, los críticos la interpretan como un golpe directo a las poblaciones más vulnerables del continente.
Mientras miles de solicitantes en América Latina esperan noticias sobre sus trámites, la incertidumbre crece: la ayuda humanitaria ahora tendrá precio, y para muchos migrantes, 1.000 dólares puede significar la diferencia entre la esperanza y la deportación.