Empresario Luigi Pisella asegura que el Estado revisa qué bienes son estratégicos y cuáles podrían pasar a manos privadas para impulsar la economía
La Comisión Especial para la Evaluación y Clasificación de Activos Públicos avanza en el análisis de empresas, bienes e infraestructuras bajo control del Estado venezolano con el objetivo de determinar cuáles deben mantenerse como activos estratégicos y cuáles podrían abrirse a la inversión privada o incluso ser vendidos.
Así lo informó Luigi Pisella, empresario y expresidente de Conindustria, quien forma parte de la instancia encargada de estudiar el patrimonio público en una eventual etapa de reorganización económica del país.
Durante una entrevista concedida a Unión Radio, Pisella explicó que la comisión trabaja actualmente en la clasificación y valoración de los activos estatales para definir su futuro dentro de un nuevo modelo de gestión económica.
Venezuela estudia alianzas público-privadas para sectores estratégicos
Según detalló, algunos activos considerados estratégicos podrían permanecer bajo control del Estado, pero con participación de inversionistas privados mediante alianzas público-privadas, concesiones o esquemas de coinversión.
El objetivo sería atraer recursos financieros, tecnología y experiencia gerencial para mejorar la eficiencia de sectores clave de la economía venezolana.
«Puede darse el caso de que un activo sea estratégico, pero se abra a la inversión público-privada para repotenciarlo», afirmó Pisella.
Como ejemplo mencionó el sistema eléctrico nacional, un sector que, a su juicio, requiere importantes inversiones y asistencia técnica para recuperar plenamente su capacidad operativa.
Activos no estratégicos podrían ser vendidos
La comisión también evalúa la diferencia entre activos operativos y no operativos.
De acuerdo con Pisella, aquellos bienes que no sean considerados estratégicos para el país podrían ser transferidos al sector privado con el propósito de hacerlos productivos y generar nuevas fuentes de inversión.
En el caso de los activos improductivos o no operativos, la propuesta contempla su liquidación para obtener recursos que puedan destinarse a otras necesidades prioritarias del Estado.
«Lo que no sea estratégico para el país pase a manos privadas y sea productivo», señaló.
El empresario destacó que una de las metas fundamentales del proceso es reducir el tamaño del Estado y promover una economía más dinámica, basada en la participación de la iniciativa privada.
¿Cómo se venderían los activos públicos?
Uno de los aspectos que más interés genera es el mecanismo que se utilizaría para transferir empresas o bienes estatales al sector privado.
Pisella aseguró que las operaciones no se realizarán de manera discrecional ni mediante adjudicaciones directas.
Entre las alternativas que se encuentran bajo evaluación destacan las subastas públicas y las colocaciones a través del mercado bursátil venezolano, con el objetivo de garantizar transparencia y permitir una participación más amplia de inversionistas.
«No va a ser una asignación a dedo. Todo se hará público y de forma transparente», afirmó.
La propuesta busca generar confianza entre potenciales inversionistas nacionales e internacionales interesados en participar en proyectos de recuperación económica en Venezuela.
Empresas expropiadas podrían regresar a sus antiguos dueños
Uno de los temas más sensibles abordados por Pisella fue el posible futuro de cientos de empresas afectadas por procesos de expropiación, ocupación o intervención estatal durante las últimas dos décadas.
Según explicó, cada caso será evaluado de manera individual para determinar si los procedimientos fueron completados conforme a la ley y si existió una compensación adecuada para los propietarios originales.
En aquellos casos donde los procesos no hayan sido concluidos legalmente o donde no se haya efectuado el pago correspondiente, podría contemplarse la devolución de los activos.
«Si no se concluyó ese proceso, pues se devolverán los mismos», indicó.
La posibilidad de restitución podría abrir la puerta al regreso de empresarios que abandonaron el país tras perder sus compañías durante los procesos de expropiación impulsados en años anteriores.
Empresarios manifiestan interés en regresar a Venezuela
Pisella reveló que ha sostenido reuniones con antiguos propietarios de empresas expropiadas y que muchos de ellos han expresado su disposición a volver a Venezuela si existen garantías jurídicas y condiciones para recuperar sus inversiones.
«Todos los empresarios que he recibido me han manifestado que quieren regresar y recuperar su empresa», aseguró.
Estas declaraciones surgen en un contexto de debate sobre el papel que debe desempeñar el sector privado en la recuperación económica nacional y sobre la necesidad de atraer capital para reactivar industrias que actualmente operan por debajo de su capacidad.
Un debate clave para el futuro económico del país
La revisión de activos públicos, la posible venta de empresas estatales y la eventual devolución de compañías expropiadas representan algunos de los temas económicos más relevantes para Venezuela en los próximos años.
El proceso podría redefinir la relación entre el Estado y el sector privado, al tiempo que plantea interrogantes sobre el futuro de sectores estratégicos, la seguridad jurídica de las inversiones y las condiciones necesarias para impulsar el crecimiento económico sostenible.
Mientras la comisión continúa sus evaluaciones, empresarios, inversionistas y analistas siguen de cerca una iniciativa que podría marcar un punto de inflexión en la estructura económica venezolana.
Manuel Arends