Codhez advierte del retroceso de los derechos económicos, sociales y culturales de los pueblos indígenas en el Zulia
Codhez publicó el Boletín Agosto de 2021, que reporta la situación y condiciones de vida de las personas pertenecientes a los pueblos y comunidades indígenas de la región.
Este estudio reporta que las comunidades indígenas continúan padeciendo el abandono institucional ante sus múltiples necesidades, que se han exacerbado con las consecuencias de la pandemia por COVID-19, y con el agravante que en los últimos años la desatención ha llegado a tal extremo que no se garantizan las condiciones mínimas de subsistencia.
La falta de servicio de agua potable continúa siendo uno de los mayores problemas en la región Guajira. La pipa, que solo alcanza para unos dos días, estuvo valorada en enero de 2021 en Bs. 2.000.000,00 (COP 12.000,00 y USD 1,29 en ese momento).
A inicios de marzo, 100 comunidades del municipio Guajira permanecieron 65 horas sin fluido eléctrico, implicando un desgaste físico y emocional para sus habitantes, además de pérdidas económicas en el escaso sector comercial de la región.
Grupos de personas deben hacer recorridos de hasta 10 kilométros hasta fuentes de agua conocidas como “jagüeyes”, una especie de pozo artesanal común en estos poblados. En estos, las aguas son de color verde y tienen mal olor, pero así es utilizada por los habitantes de la región.
Inseguridad alimentariaEn medio de la pandemia y el desorden institucional, las familias del municipio Guajira viven en constante preocupación por no contar con alimentos suficientes. Esta situación de incertidumbre afecta a más del 80% de la población del municipio quienes vive del trabajo diario.Muchas familias indígenas se ven obligadas a pagar multas para circular por los pasos hacia Colombia para buscar comida. A este respecto, el Comité de Derechos Humanos de la Guajira manifiesta que el gobierno nacional no garantiza la frecuencia de la entrega de programas de alimentación en medio del contexto por la pandemia.
Desde Codhez, advertimos que ha habido un acelerado retroceso en derechos económicos, sociales y culturales de las comunidades indígenas, todo lo cual de manera inevitable deriva en daños irreparables en el ser y existir de estos pueblos ancestrales, bajo la inacción e indolencia gubernamental.
Exhortamos al Estado venezolano asumir la responsabilidad de materializar políticas públicas que respondan a las problemáticas que padecen las comunidades indígenas. Urge dictar medidas sostenidas y de impacto para el rescate de la vida e integridad, así como la preservación de las tradiciones y costumbres de quienes ancestralmente han habitado el territorio nacional y merecen vivir con dignidad y con la plena garantía de sus derechos humanos.
