Las autoridades del comando de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) en Boleíta, conocido como Zona 7, suspendieron las visitas de familiares a los presos políticos recluidos en ese recinto, denunciaron este jueves 19 de febrero allegados de los detenidos. Según los parientes, la medida fue adoptada como respuesta o castigo a la prolongada huelga de hambre que mantienen desde el sábado 14 de febrero frente a la sede policial.
Familiares de los detenidos por motivos políticos aseguraron que la restricción para ingresar y ver a sus seres queridos forma parte de una estrategia para presionar el final de la protesta pacífica, que ya supera los 120 horas sin consumo de alimentos.
Protesta y huelga de hambre
Un grupo de mujeres, principalmente madres, esposas e hijas de los presos políticos, inició la huelga de hambre a las 6:00 a.m. del sábado 14 de febrero en las inmediaciones de la Zona 7, donde se han instalado sobre colchonetas y carpas para exigir la liberación inmediata y plena de todos los detenidos.
De acuerdo con organizaciones como el Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clipp), varias de estas mujeres han sufrido descompensaciones y deterioro de su estado de salud tras días de ayuno, con síntomas como dolores de cabeza intensos, náuseas y debilidad general.
Además, versiones de medios locales señalan que al menos una manifestante debió retirarse de la protesta por el severo deterioro de su salud tras más de 100 horas de huelga de hambre.
Detenidos también en ayuno
Cabe reseñar que los presos políticos recluidos en los calabozos de Zona 7 iniciaron esta medida extrema de protesta desde el viernes 13 de febrero, denunciaron familiares y agrupaciones de derechos humanos.
Paralelamente, los allegados reportaron que un funcionario del Ministerio Público acudió el miércoles 18 de febrero al lugar, pero no inspeccionó a los detenidos ni ofreció soluciones concretas sobre sus liberaciones, según publicó el comité civil en redes sociales.
Reclamos por promesas incumplidas
Los familiares exigieron al Estado venezolano que atienda de inmediato sus reclamos y cumpla la promesa hecha por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, el pasado 8 de enero, de liberar a todos los presos políticos.
Aunque el gobierno ha excarcelado a algunas personas en días recientes, los allegados critican que solo un número limitado ha sido liberado, mientras aún permanecen decenas de detenidos sin explicaciones claras.
Organizaciones de derechos humanos han denunciado que la situación de los presos políticos en Venezuela sigue siendo crítica y que las medidas adoptadas por el Estado —como la suspensión de visitas y la falta de atención médica adecuada— pueden constituir violaciones a los derechos fundamentales de las personas privadas de libertad y de sus familias.