La Asamblea Nacional aprobó este viernes, por unanimidad, una nueva Ley de Arrendamientos que busca reactivar el mercado inmobiliario y facilitar el acceso a viviendas, en medio del proceso de reconstrucción que vive Venezuela tras los terremotos del pasado 24 de junio.
La iniciativa forma parte de las medidas impulsadas para atender la emergencia habitacional generada por los sismos, que dejaron cerca de 18.000 personas sin hogar, según cifras oficiales.
¿Qué establece la nueva Ley de Arrendamientos?
La normativa crea un nuevo marco legal para los contratos de alquiler de viviendas y establece mecanismos orientados a fortalecer la oferta habitacional durante la etapa de recuperación del país.
Entre sus principales disposiciones destaca que los inmuebles destinados al arrendamiento deberán cumplir con condiciones adecuadas de habitabilidad. Además, prohíbe alquilar viviendas ubicadas en zonas declaradas de alto riesgo por las autoridades competentes.
La ley también establece que el canon de arrendamiento será acordado libremente entre el propietario y el inquilino dentro del contrato, siempre que se respeten las disposiciones legales vigentes. Del mismo modo, ambas partes podrán definir de común acuerdo la modalidad de pago.
En su primer artículo, la legislación señala que su propósito es «contribuir a la satisfacción de las necesidades habitacionales de la población» y «promover y proteger el mercado inmobiliario».
Buscan recuperar la confianza en el mercado de alquileres
Durante la discusión parlamentaria, la diputada opositora Alejandra Rodríguez afirmó que la nueva legislación pretende corregir distorsiones que han afectado al sector durante los últimos años.
«Representa un paso para recuperar la confianza en el mercado inmobiliario de arrendamiento», expresó.
La parlamentaria cuestionó prácticas que, según indicó, se han vuelto frecuentes, como la exigencia de pagos adelantados de hasta doce meses, la solicitud de fiadores y otros requisitos que dificultan el acceso de muchas familias a una vivienda en alquiler.
Reconstrucción tras los terremotos
La aprobación de la Ley de Arrendamientos se suma al paquete de medidas anunciadas por el Ejecutivo para atender a las familias afectadas por la emergencia sísmica.
Entre las acciones destacan subsidios para la adquisición de viviendas, programas de reconstrucción con apoyo de organismos multilaterales y la construcción de nuevos complejos habitacionales.
Rodríguez informó que ya comenzó la edificación de 1.875 viviendas destinadas a los damnificados, mientras que la presidenta encargada anunció la entrega de 4.000 nuevas unidades habitacionales antes de finalizar el año.
De acuerdo con el balance oficial publicado el 24 de julio, los terremotos de magnitudes 7,2 y 7,5 dejaron más de 5.500 fallecidos, provocaron el colapso de 856 edificios y causaron daños de diversa consideración en otras 190 edificaciones, además de miles de familias desplazadas.