La Asamblea Nacional (AN) aprobó este jueves por unanimidad una ley que deroga la adhesión de Venezuela al Estatuto de Roma, instrumento fundador de la Corte Penal Internacional (CPI). Según explicó el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, la medida busca “denunciar al mundo la inutilidad y el vasallaje” del tribunal con sede en La Haya.
La decisión se produce luego de que la Fiscalía de la CPI anunciara, el 1 de diciembre, el cierre de su oficina técnica en Caracas, alegando falta de “progreso real” en materia de complementariedad, principio que exige a los Estados investigar de manera seria los crímenes que se les atribuyen antes de que intervenga el organismo internacional.
Durante la votación, Rodríguez aseguró que la Corte Penal Internacional “debería servir para proteger a los pueblos y solo sirve para los designios del imperialismo norteamericano”, y afirmó que la legislación aprobada también busca expresar “solidaridad con el sufrimiento del pueblo palestino”.
Con el voto unánime del pleno, la AN remitirá ahora la ley al presidente Nicolás Maduro, a quien corresponde su promulgación. La norma entrará en vigencia una vez sea publicada en la Gaceta Oficial.
El martes, durante la primera discusión del proyecto, Rodríguez ya había adelantado que Venezuela se retiraría del Estatuto de Roma por lo que describió como el “vasallaje” de los representantes de la CPI, alegando que “no están allí para impartir justicia ni para defender derechos”. También cuestionó que el tribunal “no dice nada” sobre el supuesto “genocidio” de Israel.
No obstante, la CPI emitió en 2024 órdenes de arresto contra el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y el exministro de Defensa Yoav Gallant, a quienes responsabiliza por crímenes de guerra y de lesa humanidad en Gaza.
Pese al cierre de su oficina en Caracas, la Fiscalía de la CPI aclaró que la investigación sobre presuntos crímenes de lesa humanidad en Venezuela sigue activa y continuará siendo dirigida por su equipo desde La Haya.