71 estudiantes de la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad (UNES), núcleo Caracas, fueron expulsados por su vinculación en las protestas dentro de la institución luego de las elecciones en Venezuela.
En un consejo disciplinario, a los estudiantes de TSU en Criminalística e Investigación Penal se les obligó a firmar el retiro de la institución por supuestamente violar las normas de convivencia relativas a la moral y las buenas costumbres dentro o fuera de la universidad, de acuerdo con información publicada por el diario TalCual.
«Si vas a individualizar la conducta que de cada uno de los alumnos en esos hechos, entonces dime qué conducta antijurídica encuadra en cada uno de ellos. Mi hijo y los otros cinco involucrados aparecen en una foto haciendo su cola en el centro de votación. Ellos me dijeron que esto es una orden de arriba. La orden que tiene es darle la baja a los 71 para meter miedo, no tiene otra palabra, meterle miedo al resto de los estudiantes», denunció el padre de uno de los estudiantes expulsados, quien como abogado introdujo una denuncia en un tribunal de casación civil, aunque la jueza le dijo que debía agotarse la vía administrativa y los recursos de revisión y reconsideración en su caso.
Al hijo del abogado lo llamaron a entrevista el 21 de agosto y le notificaron que tenía abierto un proceso administrativo.
«Hicieron todo al revés. Cuando notifican que hay un procedimiento, ellos (la UNES) se guían por las normas internas que dan 48 horas para presentar cualquier recurso, cuando la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos establece en el artículo 48 que son 10 días», explica el representante.
El padre del estudiante señala que intentó conversar con el coronel Jaime Alcántara, parte de la directiva de la UNES, pero no fue posible.
«Me dijo que no le daba la gana de recibirme nada. Todo esto lo lleve a tribunales, pero me dicen que agote todos los procedimientos administrativos, pero cómo vamos a agotar estos recursos si no nos reciben», aclara.
Entre los expulsados hay jóvenes que ya habían terminado carga académica y pagado los 90 dólares de aranceles por concepto de título y grado, como es el caso del hijo del abogado, quien tiene 21 años y esperaba ingresar en octubre al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc).
El padre del joven denuncia violaron los derechos fundamentales de su hijo al no permitirle defenderse de las acusaciones de la directiva.
Explica que primero fue citado a una entrevista, donde lo señalaron directamente de ser uno de los estudiantes que grabó la protesta del 28 de julio tras las agresiones a una compañera. Días después, fue informado que tenía un proceso administrativo abierto en la institución y debía presentarse.
Su hijo tenía previsto terminar la carga académica en diciembre, pero fue llamado a declarar.
Fue uno de los detenidos el propio día de las elecciones y llevado a la sede de la PNB en Maripérez.
Luego de dos días, fue trasladado a una sede del Cicpc en Santa Paula. Ahí estuvo hasta el viernes 2 de agosto.
El Nacional