De acuerdo al último informe de la ONG PROVEA, en Venezuela, un 45% de las familias padecen inseguridad alimentaria.
En el documento se registran los principales avances, retrocesos, obstáculos y amenazas para la realización de 14 derechos humanos en el país, la ONG denuncia que las políticas de Maduro han profundizado una crisis económica que mantiene a la población en pobreza extrema, con más del 45% de los hogares enfrentando inseguridad alimentaria y un salario mínimo estancado en 130 Bs. (4 USD mensuales) que no cubre las necesidades más básicas de una persona.
Provea subraya que estos resultados son el producto de un modelo económico y social excluyente y de una gestión gubernamental que ha fallado en proteger y garantizar los derechos fundamentales de los venezolanos, una “década oscura” de empobrecimiento y represión en el país.
Frente a estas circunstancias, la organización no gubernamental señala que hay un país que no se cansa de levantarse ni de luchar “un país que aspira caminar hacia un progreso sustentado en el trabajo y en un Estado que garantice sus derechos políticos, sus derechos económicos y sus derechos sociales”.
La población trabajadora que mantiene sus ingresos en bolívares presencia la disminución de su poder de compra y sus derechos laborales, los empleadores (en particular en el sector público) retienen el monto de beneficios como vacaciones, utilidades y prestaciones sociales a un salario mínimo oficial de 4 dólares americanos, afectando también el valor de las pensiones y jubilaciones que permanece anclado a estos 130 Bs, insuficientes para proteger a la población y garantizar las necesidades más básicas.
El deliberado estancamiento del ingreso mínimo de los trabajadores forma parte de una política asumida por la gestión de Maduro para desalarizar el trabajo, profundizando la precarización del empleo y extinguiendo la capacidad de ahorro de las familias.