Ante el Ministerio Público fue consignada una denuncia en relación a “presuntas negociaciones” que implican el desembolso de dinero para impedir que avance la demanda contra Operaciones Mineras y Servicios Lacustres C.A.

De acuerdo al diario Últimas Noticias esta demanda está referida a la facturación desde el año 2018 de once millones de dólares “sin que ello representara beneficio alguno para el Estado”.

Un grupo de indígenas del municipio Mara, quienes vienen impulsando la investigación, consignaron ante el Ministerio Público una experticia telefónica donde se lee un presunto chateo entre Rebeca del Gallego, asistente del diputado Lisandro Cabello y una coordinadora de los tribunales civiles del Zulia, ubicados en Torre Mara, Maracaibo (Zulia).

Un fragmento del supuesto chateo refiere la entrega de unos honorarios “porque la titular no va a sacar nada sino cancelamos hoy”.

Precisamente, la demanda contra la empresa Operaciones Mineras por presuntos hechos irregulares, entre ellos devastación de un lote de maquinarias, se tramita ante el Tribunal 2° de primera instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del estado Zulia a cargo de la jueza Katty Urdaneta.

El expediente relacionado a esos presuntos hechos se sustancian en la Fiscalía Quincuagésima Nacional, según oficio N° 24-FS-1817 de junio pasado. Allí está agregada otra denuncia denuncia formulada en agosto pasado por líderes indígenas del municipio Mara (Eje Guasare), quienes solicitaron abrir una investigación a la gestión del ex presidente de Carbozulia, Francisco Javier Aguilera Castro.

Dicen en el escrito que durante la gestión de Aguilera Castro entre 2018 y 2022 “otorgó contratos relacionados a la explotación de nuestras minas de carbón “Paso Diablo” y “Mina Norte” a empresas de maletín en condiciones desfavorables para el pueblo…sin beneficios algunos para las comunidades aledañas”. Aluden a la empresa Operaciones Mineras.

Aguilera Castro fue removido del cargo el pasado 15 de marzo, es decir, dos días antes que se iniciara la Operación Anticorrupción destinada entre otros, a sancionar hechos de corrupción detectados en tres empresas del Estado: Pdvsa, Corporación Venezolana de Guayana y Cartones de Venezuela.

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