Se cumplen 17 años desde que el chavismo implementó los controles de precios y de cambio. Transcurrido ese tiempo, Venezuela atraviesa la peor crisis económica para un país sin guerra. Además, es uno de los países con la economía más débil del mundo.

Hace 17 años Hugo Chávez tomó una medida con la que empezó a labrar el terreno para dominar a sus anchas la ya inflacionaria economía venezolana: decretó un control de precios. “Hemos tomado medidas que no les gustan a los neoliberales, pero como no tenemos compromisos y para defender al pueblo hemos establecido un control de cambios y ahora le seguirá un control de precios”.

El anuncio lo hizo el 26 de enero de 2003 el entonces presidente, durante un discurso en la Asamblea Legislativa de Río Grande do Sul, en la ciudad brasileña de Porto Alegre, donde se llevaba a cabo el Foro Social Mundial.

El 6 de febrero de 2003, un día después de que impusiera un férreo control cambiario que ha provocado la destrucción del bolívar, corrupción, cierre de empresas e hiperinflación, el gobierno chavista anunció que los precios de 45 bienes y siete servicios declarados de “primera necesidad” serían regulados.

El 11 de febrero de 2003, el Ministerio publicó en la Gaceta Oficial Nro. 37.629 publico la lista de los precios regulados de 106 presentaciones de alimentos y 63 de productos de higiene personal y limpieza del hogar que debían mantenerse congelados.

“Tendremos que instalar un sistema nacional integral, pleno y nacional, de distribución de alimentos y medicinas para que no haya escasez”, expresó Chávez.

Ese fue el inicio de un nuevo capítulo en la historia del control de precios en Venezuela en el que las palabras inflación, escasez, empobrecimiento, control, ataques a la propiedad privada y crecimiento del mercado negro están escritas en sus largas páginas.

Desde el año 2003 Chávez derogó y promulgó nuevas leyes, supuestamente para proteger a los consumidores, política que continuó su heredero Nicolás Maduro. Algunas de las empresas que estuvieron bajo la lupa del gobierno fueron: Pepsi-Cola, Coca-Cola, Alimentos Nestlé, Heinz, Johnson & Johnson y Alimentos Polar. Según Lorenzo Mendoza, presidente de esta última, solo en 2011 las instalaciones de la compañía fueron inspeccionadas por funcionarios del gobierno 2.200 veces.

Maduro profundizo la crisis

A partir de 2014 los ingresos del Estado, que dependen mayormente de la venta de petróleo, empezaron a disminuir como consecuencia de la caída tanto de los precios del barril como del bombeo de crudo, y dejaron de ser suficientes para continuar con esas exorbitantes compras en el exterior.

El tamaño de la industria nacional seguía reduciéndose, lo que impidió al sector productor satisfacer la demanda. Se agotaban las divisas y se comenzaron a ver espacios vacíos en los anaqueles; incluso pasillos completamente desabastecidos.

Frente a este panorama, en 2014 Maduro reformó la Ley de Costos y Precios Justos promulgada por Chávez en 2011. Con la nueva Ley Orgánica de Precios Justos el gobierno estableció un margen máximo de ganancia de 30% para cualquier actor de la cadena de comercialización.

Además, sustituyó la Superintendencia Nacional de Costos y Precios (Sundecop) –que tenía la potestad de “ejercer la regulación, administración, supervisión, inspección, control y sanciones por parte del Estado a los agentes económicos”– por la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos (Sundde), un organismo adscrito al Ministerio de Comercio que se ha encargado más de reprimir que de vigilar el cumplimiento de las normas, y cuyas actuaciones fueron responsables de fuertes episodios de escasez.

Los alimentos más básicos, como la harina de maíz precocida, los huevos, el arroz y la carne, desaparecieron de los comercios. Los venezolanos amanecían en las entradas y calles adyacentes de los establecimientos con la esperanza de poder comprar algún producto de primera necesidad que vendiera el negocio al abrir sus puertas. La oferta llegó a niveles tan bajos que el gobierno implementó la venta por número de cédula de identidad y creó en 2016 su programa de distribución de alimentos CLAP.

Según Andrea Rondón, miembro del Observatorio de Derechos de Propiedad de Cedice Libertad, los controles per se son dañinos y también dan cabida no solamente a la escasez sino también a la arbitrariedad.

“Llegó un punto en el que prácticamente todo podía estar sujeto al control de precios. Como hubo escasez, los controles de precios crearon mecanismos en el mercado negro, los llamados bachaqueros que yo llamo revendedores, se empezó a criminalizar conductas que en realidad no son delitos sino oportunidades que lamentablemente generan regulaciones asfixiantes que desconocen la propiedad privada y la libertad económica. El resultado es una profunda escasez y un profundo mercado deprimido”.

Aunque el año pasado el organismo no actuó con tanta fuerza como en 2018, cuando llevó a cabo masivas fiscalizaciones que dejaron desabastecidos supermercados, farmacias, panaderías y otros tipos de negocios, en realidad la Sundde no ha parado. El Observatorio de Derechos de Propiedad de Cedice contabilizó durante el primer semestre del año pasado 1.029 fiscalizaciones.

En lo que va de 2020 ha inspeccionado miles de establecimientos en al menos 19 entidades del país.

De acuerdo con el Índice Mundial de Libertad Económica 2019 (EFW 2019 por sus siglas en inglés), realizado por el Instituto Fraser de Canadá y con la colaboración de Cedice, la nación se ubicó en el puesto 162 debido principalmente a la debilidad de su moneda, la dificultad para hacer negocios y el irrespeto a la propiedad privada.

De acuerdo con Cedice, durante el chavismo ha habido “una política de ataque sistemático” en contra del derecho de propiedad, que se estableció en el Primer Plan Socialista de la Nación 2007-2013.

Con expropiaciones, confiscaciones, nacionalizaciones y fiscalizaciones, el Estado contribuyó significativamente a la caída de la producción interna y generó un proceso de escasez de bienes de todo tipo, algo que no se había visto nunca en la historia de Venezuela, según Ana Carrasquero, investigadora del Observatorio.

AP