La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) admitió la solicitud de avocamiento presentada por la defensa del empresario zuliano Jaime Andrés Ruiz Salamanca y ordenó la suspensión inmediata del juicio penal en su contra que se lleva a cabo en el estado Zulia, informaron fuentes judiciales.
La decisión está contenida en la sentencia número 21 publicada en el portal digital del tribunal, mediante la cual los magistrados ordenan a la instancia judicial de origen recabar el expediente completo y paralizar todas las actuaciones, incluyendo el debate oral, mientras se analiza la existencia de presuntas irregularidades procesales alegadas por la defensa.
Antecedentes del proceso
El caso se remonta a una resolución de octubre de 2025, cuando la Sala Civil del TSJ declaró nulo el proceso civil de desalojo que dio origen a la causa penal contra Ruiz Salamanca, al considerar que las actuaciones iniciales contenían vicios que afectaron la regularidad del juicio.
Ese proceso civil versaba sobre el desalojo de un inmueble en el estado Zulia donde opera una de las empresas del empresario. Fue precisamente en ese lugar donde, el 5 de junio de 2025, la entonces fiscal Mariángelis Araque Díaz se presentó para ejecutar la medida y terminó privando de libertad a Ruiz Salamanca bajo cargos derivados de la supuesta invasión del inmueble.
Nulidad del proceso civil y persistencia de la vía penal
Aunque la Sala Civil anuló por completo todas las actuaciones desde el auto de admisión del 13 de junio de 2023 y ordenó reponer el proceso según la ley civil aplicable, el proceso penal continuó su curso en Zulia, lo que motivó la defensa constitucional por parte de los abogados del empresario.
Alegatos de la defensa
La defensa de Ruiz Salamanca alegó ante la Sala Constitucional que existen violaciones al debido proceso, subversión del orden procesal y afectaciones al derecho a la defensa, al haberse mantenido la vía penal pese a la nulidad declarada en el fuero civil. Por esa razón solicitaron la revisión constitucional y el avocamiento del caso, mecanismo que permite a la máxima corte asumir temporalmente la materia para garantizar la legalidad y protección de derechos fundamentales.
Fiscal investigada por presunta extorsión
El caso también ha estado en el centro de controversias adicionales, ya que la entonces fiscal Araque Díaz, quien dirigió la investigación inicial, fue investigada y posteriormente imputada por presuntos delitos de corrupción y extorsión relacionados con este mismo asunto.
Situación actual y próximas fases
Mientras la Sala Constitucional realiza la revisión de fondo, el juicio penal queda suspendido y el tribunal de instancia deberá enviar todas las actuaciones y evidencias al máximo tribunal para su análisis detallado, tal como establece la sentencia. El empresario permanece privado de libertad durante esta fase de control constitucional.
La admisión del avocamiento abre la puerta a que la Sala Constitucional determine en los próximos días si existen vicios procesales graves que ameriten la anulación definitiva del proceso penal o la adopción de otras medidas para restituir las garantías del imputado.
Sofía Romero