El presidente Donald Trump ha tomado una decisión con profundas implicaciones legales y militares: su administración ha etiquetado formalmente su campaña contra los cárteles de la droga como un “conflicto armado” activo. Esto, según un aviso confidencial enviado al Congreso esta semana y obtenido por The New York Times.
La medida no es solo retórica; consolida el derecho del presidente a ejercer poderes extraordinarios en tiempo de guerra, lo que incluye considerar a los presuntos narcotraficantes como “combatientes ilegales”.
Esta justificación legal busca dar luz verde a tres ataques militares estadounidenses que Trump ordenó en el mar Caribe el mes pasado, donde buques fueron atacados y murieron las 17 personas a bordo. Al declarar un conflicto armado, la Casa Blanca defiende que es lícito matar, detener sin juicio y procesar en tribunales militares a estos individuos.
Sin embargo, la decisión ha sido calificada como un abuso legal por expertos en derecho de la guerra.
Geoffrey S. Corn, un abogado general retirado del Ejército, fue categórico al señalar que los cárteles no cumplen con el estándar legal de «hostilidades» necesario para un conflicto armado. Vender un producto peligroso es muy distinto a un ataque armado contra Estados Unidos, argumentó.
El experto criticó duramente la postura del presidente, indicándola como una violación de la ley que protege a civiles, incluso a presuntos criminales, de ser atacados deliberadamente por el ejército. «Esto no es forzar el límite. Esto es destrozarlo,» sentenció Corn.
Hasta el momento, la Casa Blanca ha evadido responder a las peticiones de comentarios sobre el aviso enviado a los comités del Congreso.
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