El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) exigió la derogación de la Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia, al considerar que su aplicación ha generado riesgos para el ejercicio del periodismo y la libertad de expresión en Venezuela.
El gremio sostiene que, desde la entrada en vigencia de esta normativa, sus disposiciones han sido utilizadas de manera recurrente para judicializar y encarcelar a periodistas y trabajadores de la prensa por ejercer labores informativas o expresar posiciones críticas.
Uno de los principales cuestionamientos del sindicato está relacionado con las sanciones contempladas en el artículo 20, que establece penas de entre 10 y 20 años de prisión para determinadas conductas tipificadas como promoción o incitación al odio.
Según el SNTP, la severidad de estas penas ha contribuido a criminalizar el ejercicio de la libertad de expresión y a incrementar los riesgos legales para quienes desarrollan actividades periodísticas.
28 comunicadores fueron procesados bajo esta figura
El sindicato presentó cifras sobre la utilización de esta normativa en procesos judiciales contra trabajadores de la prensa.
De acuerdo con sus registros, siete de cada 10 periodistas judicializados han enfrentado acusaciones relacionadas con los delitos de incitación o promoción al odio.
El gremio contabilizó 40 comunicadores y trabajadores de la prensa detenidos o sometidos a procesos judiciales hasta enero de 2026. De ese total, 28 fueron acusados mediante la aplicación de esta figura legal, según los datos difundidos por la organización.
Para el SNTP, estas cifras evidencian el impacto que ha tenido la legislación sobre el ejercicio periodístico y el entorno en el que trabajan los profesionales de la comunicación.
Piden revisar causas abiertas
La solicitud del gremio no se limita a la eliminación de la normativa. El SNTP también reclama que su eventual derogación tenga efectos sobre los procesos judiciales actualmente en curso en los que se haya aplicado esta legislación.
En ese sentido, plantea la revisión de las medidas cautelares, restricciones y expedientes abiertos con base en esta figura legal, con el objetivo de que sean evaluados y, cuando corresponda, cerrados de manera definitiva.
El sindicato sostiene que la revisión de estos casos resulta necesaria para evitar que continúen vigentes consecuencias judiciales derivadas de una normativa cuya derogación está siendo solicitada.
La petición vuelve a colocar en el debate público el alcance de la Ley contra el Odio y su impacto sobre la libertad de expresión y el ejercicio del periodismo en Venezuela.